En un episodio que quedó grabado en las páginas de oro de nuestra historia judicial, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral sacudió los cimientos del derecho en el Perú. Bajo la mirada vigilante de quien en aquel entonces dirigía los hilos del Centro de Investigaciones Judiciales, te Francisco Artemio Jerí Cisneros, los magistrados más poderosos del país se reunieron en Lima durante los días 08 y 09 de mayo del 2014 para poner fin al caos y la incertidumbre que reinaba en los procesos laborales.
La maquinaria legal se puso en marcha con la Resolución Administrativa Nº 166-2013-P-PJ, que ordenó la realización de este cónclave, reforzada posteriormente por la Resolución Administrativa Nº 093-2014-P-PJ. Fue el 08 de mayo de 2014 la fecha en que se dio inicio a esta batalla de argumentos, culminando con la aprobación de acuerdos que hoy son ley para los jueces.
Entre las decisiones más impactantes que se aprobaron, los magistrados establecieron como precedente vinculante que los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728 no están obligados a agotar la vía administrativa para demandar sus derechos ante el Poder Judicial, eliminando así una barrera que por años asfixió sus reclamos. Además, se definió con precisión quirúrgica el concepto de invalidez aplicado al Contrato Administrativo de Servicios (CAS), determinando que este no constituye una novación de contratos previos si se utiliza para encubrir una relación laboral preexistente y protegida.
El Pleno también arrojó luz sobre la tutela procesal de los trabajadores, definiendo la vía contencioso-administrativa como el camino forzoso para los servidores del régimen 276 y la Ley Nº 24041, marcando una línea clara entre quienes pertenecen al Estado y quienes a la actividad privada.
