El Instituto Nacional de Salud ha marcado un hito en la regulación de la seguridad y salud en el trabajo mediante la emisión de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000077-2026-INS/PE, la cual oficializa el Documento Técnico denominado Buenas Prácticas Ergonómicas para la Manipulación Manual de Cargas. La medida busca mitigar la alta incidencia de siniestralidad laboral derivada de la tracción, levantamiento y desplazamiento de objetos, actividades que técnicamente se definen como manipulación manual de cargas y que representan un factor de riesgo biomecánico determinante en la aparición de enfermedades profesionales.
Desde una perspectiva jurídica, este documento normativo se establece como un precedente de carácter técnico que las organizaciones deben observar para dar cumplimiento al deber de prevención del empleador. Al fijar criterios técnicos específicos, la resolución delimita el marco de responsabilidad civil y administrativa frente a contingencias como heridas, fracturas o trastornos musculoesqueléticos crónicos. La norma define las buenas prácticas ergonómicas como el conjunto de procedimientos y métodos de trabajo diseñados para adecuar el entorno laboral a las capacidades físicas del trabajador, garantizando así su integridad sistémica y reduciendo la probabilidad de eventos lesivos que deriven en procesos de indemnización por daños y perjuicios.
En cuanto a los plazos y la ejecución operativa, la resolución dispone que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente asuma la competencia inmediata para la difusión y capacitación sobre estos nuevos lineamientos. La implementación de estos criterios técnicos permite a las unidades de recursos humanos y departamentos legales contar con una base normativa sólida para auditar las condiciones de higiene y seguridad industrial. Al ser de cumplimiento obligatorio este marco regulatorio se convierte en la herramienta principal para la fiscalización laboral, asegurando que la prevención de riesgos no sea una facultad discrecional, sino un mandato imperativo orientado a salvaguardar el capital humano en todos los sectores productivos del país.
