El Perú se encamina hacia una transformación energética sin precedentes mediante la reciente publicación de la Ley N.° 32560, denominada Ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños en el territorio nacional. Esta normativa, establece el marco legal necesario para transitar de un modelo académico experimental hacia una aplicación industrial y geopolítica de la tecnología nuclear. La norma introduce en el ordenamiento jurídico nacional el concepto de reactores modulares pequeños, conocidos técnicamente como SMR por sus siglas en inglés, los cuales representan una innovación en la infraestructura energética al permitir una generación de potencia más flexible y localizada en comparación con las centrales nucleares tradicionales.
Bajo la dirección del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Estado busca ejercer su soberanía tecnológica a través de la implementación de microrreactores en zonas de difícil acceso, con especial énfasis en la Amazonía y regiones fronterizas. Desde una perspectiva de derecho administrativo y desarrollo nacional, esta medida se configura como una herramienta estratégica para el cierre de brechas sociales y económicas. En términos jurídicos y técnicos, la soberanía se manifiesta aquí como el ejercicio de control efectivo del territorio mediante la prestación de servicios públicos esenciales, garantizando que el derecho al acceso a la energía eléctrica sea una realidad incluso en las áreas donde las limitaciones logísticas han impedido históricamente la integración al sistema interconectado nacional.
El despliegue de esta tecnología bajo el amparo de la Ley N.° 32560 no solo implica un avance en la matriz energética, sino que actúa como un habilitador para el ejercicio de otros derechos fundamentales y el desarrollo del comercio digital. Al proveer una infraestructura base sólida, el Estado facilita que las comunidades amazónicas participen en mercados electrónicos y desarrollen emprendimientos locales, integrándolas al flujo económico global. En este nuevo escenario, la energía nuclear se define jurídicamente como un recurso estratégico orientado al desarrollo productivo y la seguridad nacional, permitiendo que el país aproveche su capital humano y científico acumulado durante décadas para generar un impacto directo en la sostenibilidad y el crecimiento económico transversal del Perú.
