La Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el Acuerdo Plenario N.º 01-2019/CIJ-116, emitió un pronunciamiento de obligatorio cumplimiento que redefine y unifica los criterios judiciales sobre la prisión preventiva, una de las instituciones procesales más debatidas en el ordenamiento jurídico nacional. El documento jurisprudencial, busca frenar las discrepancias en los tribunales y establecer un estándar riguroso para la aplicación de esta medida coercitiva de carácter personal. Los jueces supremos de las salas penales Permanente, Transitoria y Especial se congregaron en el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal para estructurar directrices claras que concilien la eficacia de la persecución penal con el respeto irrestricto de las garantías constitucionales.
En la sección doctrinal de la resolución, las salas supremas delinearon la definición y alcances de la prisión preventiva, caracterizándola como una medida de coerción personal que priva procesalmente de la libertad a un imputado por un lapso temporal determinado y judicialmente establecido. El dictamen enfatiza que la prisión preventiva posee una ineludible relevancia constitucional y responde de manera exclusiva a la tutela de los fines del proceso penal, los cuales se traducen en asegurar el desarrollo regular de las actuaciones, garantizar la comparecencia del investigado y posibilitar la futura ejecución de una sanción penal. La máxima instancia judicial advirtió que el derecho a la libertad personal ostenta un rol medular en el Estado constitucional de derecho y, aunque no es absoluto, cualquier restricción debe fundarse rigurosamente en el juego de contrapesos constitucionales, proscribiéndose cualquier viso de arbitrariedad.
Uno de los aportes más críticos del acuerdo plenario radica en la delimitación conceptual y operativa del peligro de obstaculización, recogido en el literal c del artículo 268 del Código Procesal Penal. Conforme a los fundamentos jurídicos 47 y 48 de la resolución, este requisito de carácter estrictamente procesal se orienta a evitar que el procesado instrumentalice su estado de libertad para entorpecer de forma fraudulenta el esclarecimiento de la verdad u obstruir el enjuiciamiento. El colegiado supremo determinó que la procedencia de este riesgo exige una sospecha fuerte sustentada en datos objetivos y sólidos, descartando de plano las meras conjeturas o presunciones abstractas. El tribunal recurrió a las directrices de los juristas teóricos Roxin y Schünemann para precisar que resulta jurídicamente inadmisible inferir de manera automática la existencia del peligro basándose únicamente en la factibilidad abstracta de entorpecimiento que presenta el caso, pues este debe desprenderse obligatoriamente de circunstancias materiales plenamente determinadas.
A efectos de operativizar la calificación jurídica de dicho riesgo, el máximo tribunal analizó las pautas del artículo 270 del Código Procesal Penal, precisando que las causales allí contempladas poseen una naturaleza enumerativa y no taxativa. La norma identifica tres escenarios específicos en los cuales se materializa esta conducta obstructiva: la destrucción, modificación, ocultamiento, supresión o falsificación de elementos materiales de prueba o fuentes-medios de investigación; la influencia indebida para lograr que coimputados, testigos, víctimas o peritos, entendidos como órganos personales de prueba, informen de manera falsa, reticente o desleal; y la inducción a terceros para la comisión de cualquiera de estos actos fraudulentos. La corroboración objetiva de estos indicadores consolida el peligro de que el imputado dificulte la meta legítima de esclarecimiento del proceso, justificando la excepcionalidad de la medida y proveyendo a los magistrados de menor jerarquía un marco analítico de estricta formalidad técnica para evitar interpretaciones lesivas.
