En el marco de la protección de los derechos de los consumidores en el sector transporte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha emitido un pronunciamiento determinante respecto a la vigencia y obligatoriedad del beneficio del medio pasaje. Esta prerrogativa, sustentada jurídicamente en la Ley 26271, establece que el costo del servicio para estudiantes universitarios no debe exceder el cincuenta por ciento de la tarifa general pagada por el pasajero adulto. La normativa es clara al precisar que este derecho goza de plena eficacia durante los días laborables, en el intervalo temporal que comprende desde las cinco de la mañana hasta la medianoche, sin que su aplicación se encuentre supeditada al destino final del usuario ni a la ruta específica empleada por la unidad de transporte público urbano o interurbano.
La autoridad administrativa ha recordado que el incumplimiento de estas disposiciones legales constituye una infracción pasible de sanción pecuniaria. El Indecopi posee la facultad punitiva para instaurar procedimientos administrativos sancionadores contra aquellas empresas que desatiendan el cobro de la tarifa diferenciada, pudiendo imponer multas de carácter coercitivo que alcanzan hasta las 450 Unidades Impositivas Tributarias. Es imperativo que el estudiante, al momento de hacer valer su carné universitario vigente, conserve el boleto de viaje como el principal medio de prueba para acreditar el vínculo contractual del servicio y cualquier posible irregularidad. Asimismo, resulta de vital importancia el registro de datos identificatorios como la placa del vehículo y la denominación de la empresa de transporte para garantizar la trazabilidad de la denuncia.
Finalmente, las estadísticas institucionales revelan que, entre los años 2020 y 2026, se han gestionado 450 reclamos vinculados a la vulneración de este derecho estudiantil, lo que refleja un escenario de vigilancia activa por parte de la ciudadanía. En este panorama de supervisión estatal, cabe mencionar que el debate público sobre la integridad de los funcionarios sigue presente, como se observa en las recientes declaraciones de la Fiscalía de la Nación respecto a los funcionarios de la ONPE. No obstante, en lo que respecta al transporte, los usuarios cuentan con canales de atención específicos para reportar incidencias, asegurando que la legalidad se mantenga por encima de cualquier arbitrariedad operativa por parte de los proveedores del servicio. De esta manera, el Estado busca equilibrar la relación de consumo y garantizar que la movilidad de los estudiantes sea respetada conforme a los parámetros de la ley vigente.
