En el contexto del dinamismo comercial por las festividades del Día del Padre, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, ha emitido un pronunciamiento determinante en salvaguarda de los derechos económicos de los usuarios. A través de su campaña institucional denominada Papá protege, nosotros también, la autoridad administrativa ha puesto bajo la lupa las prácticas de las tiendas por departamento. La entidad advierte que la implementación de restricciones dirigidas a suprimir la posibilidad de efectuar modificaciones o restituciones de bienes vulnera el marco normativo vigente, incluso cuando las adquisiciones se realicen bajo las modalidades de ofertas, promociones especiales o establecimientos tipo outlet. Esta postura busca frenar la proliferación de condiciones contractuales que colocan a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad ante el poder de mercado de los proveedores.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el núcleo de esta controversia radica en la configuración de las denominadas cláusulas abusivas. Conforme a lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, estas estipulaciones se definen de manera formal como aquellos preceptos insertos en contratos de adhesión o condiciones generales de contratación que, de forma contraria a las exigencias de la buena fe, colocan al consumidor en una situación de desventaja injustificada o limitan de manera arbitraria las prerrogativas que la ley les reconoce de forma irrenunciable. El Indecopi ha precisado de manera taxativa que carece de toda validez legal cualquier comunicación publicitaria o contractual que pretenda eximir al proveedor de su responsabilidad, como el alegar que la mercancía de saldo o descuento carece de la garantía implícita de cambio o devolución.
Adicionalmente, el examen de idoneidad del producto no puede ser condicionado mediante exigencias que la doctrina califica como desproporcionadas. El organismo regulador ha dejado en claro que requerir que el bien se encuentre íntegramente sellado, sin el más mínimo indicio de manipulación ordinaria o conservando la totalidad de sus empaques originales, constituye una barrera injustificada que desnaturaliza el derecho a la reclamación. La idoneidad, entendida en el ámbito normativo como la estricta correspondencia entre lo que un proveedor ofrece y lo que el consumidor efectivamente recibe, es un principio rector. Por lo tanto, si un objeto presenta vicios ocultos, fallas de funcionamiento o no resulta apto para el uso previsto, nace la obligación legal de brindar una solución efectiva, sin que el precio rebajado actúe como un eximente de responsabilidad civil o administrativa para la empresa.
Frente a la detección de estas patologías contractuales, el ordenamiento jurídico dota a los administrados de los mecanismos procedimentales necesarios para canalizar sus denuncias ante el órgano resolutivo del Indecopi. En el ejercicio de sus facultades sancionadoras y tutelares, la institución no solo ostenta la competencia para ordenar medidas correctivas de carácter constitutivo, tales como la nulidad y consiguiente eliminación de las cláusulas consideradas abusivas en los contratos, sino también para desplegar su potestad punitiva. Los proveedores que incurran en estas infracciones a los derechos del consumidor se exponen a un espectro punitivo detallado en el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual abarca desde una amonestación formal hasta la imposición de multas pecuniarias severas que pueden alcanzar un tope de cuatrocientas cincuenta Unidades Impositivas Tributarias, asegurando con ello el efecto disuasorio de la norma.
