La ejecución de las penas privativas de la libertad en el sistema penitenciario regional vuelve a estar bajo el escrutinio técnico del derecho internacional de los derechos humanos. El traslado discrecional de internos a centros de reclusión geográficamente distantes de sus entornos habituales no es un mero asunto de logística carcelaria, sino una medida con hondas repercusiones jurídicas que muchas veces colisiona con las garantías de los miembros más vulnerables de la sociedad. A través de un análisis detallado de los estándares convencionales, se ha examinado el alcance de estas decisiones administrativas cuando impactan de manera directa en los descendientes de las personas privadas de la libertad, evidenciando la urgente necesidad de implementar un control de convencionalidad más riguroso en las sedes judiciales internas.
El núcleo conceptual de esta problemática se asienta en el principio del interés superior del niño, un estándar rector del derecho de familia y del derecho internacional que obliga a todas las instituciones públicas a priorizar el bienestar integral, el desarrollo y la protección de los menores de edad en cualquier decisión que los afecte. Bajo esta premisa, la separación del niño de su núcleo familiar debe entenderse siempre bajo las notas de excepcionalidad y temporalidad; es decir, como un recurso de última ratio aplicable únicamente cuando existan razones determinantes y debidamente motivadas que demuestren que la permanencia con los progenitores resulta perjudicial para el propio menor. Cuando el aparato estatal fragmenta esta relación sin una justificación reforzada, incurre en una interferencia desproporcionada en la vida privada y familiar que vulnera el bloque de constitucionalidad.
Esta doctrina ha quedado firmemente consolidada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso López y otros versus Argentina, cuya sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas fue dictada el 25 de noviembre de 2019. La actuación de esta magistratura se dio de plena conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 de su respectivo Reglamento, configurando un marco normativo de obligatorio cumplimiento para los Estados parte que han reconocido la competencia contenciosa del tribunal.
El punto medular del debate jurídico se localiza en el fundamento destacado número 173 de la mencionada sentencia, un pasaje interpretativo que cuestiona con sutileza pero con firmeza el automatismo de las administraciones penitenciarias. El fallo de la Corte Interamericana advierte que si bien la separación física inicial de los señores López y Muñoz respecto de sus hijos se encontraba jurídicamente justificada por la imposición de una condena penal legítima, los traslados subsiguientes hacia centros de reclusión situados a grandes distancias de las residencias de sus familias requerían de un tratamiento legal cualitativamente distinto. La judicatura internacional determinó que las autoridades administrativas y judiciales fallaron al omitir un juicio de ponderación idóneo, omitiendo evaluar si el alejamiento geográfico infligía un daño superior y diferenciado al desarrollo y a la estabilidad emocional de los menores, yendo más allá de la restricción que de por sí ya impone la privación de la libertad original.
La crítica técnico-jurídica que se desprende de este escenario pone de relieve la debilidad del control judicial sobre los actos de la administración penitenciaria. El traslado de un interno no puede ser tratado de forma aislada bajo criterios exclusivos de seguridad o gestión de cupos; por el contrario, el estándar convencional exige que los jueces de ejecución penal y los directores de los penales realicen una evaluación de proporcionalidad y razonabilidad que contemple los derechos de terceros no condenados, como lo son los hijos de los reclusos. Al no hacerlo, el Estado desatiende su función de garante y permite que la sanción penal trascienda de manera ilegal hacia la esfera jurídica del niño, transformando la pena en un castigo indirecto para su descendencia y perpetuando prácticas que contradicen los compromisos internacionales asumidos en la Convención Americana.
