El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional de Indecopi en San Martín ha emitido un pronunciamiento relevante mediante la Resolución 0078-2026/Indecopi-SAM, la cual aborda las consecuencias jurídicas cuando una empresa de transportes incurre en la perdida de bienes. El caso surge tras la denuncia interpuesta contra la empresa Shalom Empresarial S.A.C. por la falta de entrega de una encomienda remitida desde Lima el 9 de julio de 2025. Este hecho constituye una infracción directa al deber de idoneidad, concepto fundamental en el derecho del consumo que se define como la correspondencia entre lo que un proveedor ofrece y lo que el consumidor efectivamente recibe. Bajo este marco legal, el articulo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los proveedores son responsables por la falta de idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos.
Dentro del iter procesal del presente procedimiento administrativo sancionador, destaca la figura jurídica del allanamiento. Según la normativa vigente, el allanamiento implica el reconocimiento expreso de la pretensión del denunciante por parte del administrado, lo cual conlleva a la aceptación de los hechos imputados y, por ende, a la culminación de la controversia respecto al fondo del asunto. En este expediente, la autoridad administrativa ha procedido a confirmar la medida correctiva dictada inicialmente, orientada a resarcir el perjuicio patrimonial sufrido por la usuaria. Las medidas correctivas tienen como finalidad restaurar la situación alterada por la infracción y, en este supuesto especifico, se ha ordenado a la empresa que, en un plazo de quince días hábiles, cumpla con la devolución de los cinco paquetes extraviados o, en su defecto, proceda a la entrega del valor económico de los productos, conforme a la valoración establecida en el procedimiento.
Asimismo, la Resolución 0078-2026/Indecopi-SAM determina una sanción de amonestación tras evaluar la graduación de la sanción y el comportamiento procesal de la denunciada. Este tipo de resoluciones refuerza la protección de los usuarios en el servicio de transporte terrestre de encomiendas, subrayando que las empresas deben garantizar la integridad de los envíos bajo su custodia. Ademas de la restitución del valor de lo perdido, que en este caso ascendía a un monto significativo tras la valoración de los bienes, la autoridad administrativa también contempla el reembolso de costas y costos del procedimiento a favor de la denunciante. De esta manera, el sistema jurídico administrativo garantiza que la pretensión completa del consumidor sea satisfecha cuando se acredita las vulneraciones de sus derechos en la prestación de servicios logísticos.
