En un evento sin precedentes que ha sacudido los cimientos del mundo jurídico, se ha revelado el contenido de las actas que marcaron un antes y un después en la defensa de los trabajadores peruanos. Aquellos días 4 y 14 de mayo de 2012 quedaron grabados en la historia cuando los más altos magistrados, bajo la convocatoria del entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, se reunieron para poner freno al caos de criterios que dejaba en la indefensión a miles de ciudadanos.
El I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral fue la respuesta contundente a una necesidad imperante de unificar la justicia. Los magistrados no se anduvieron con rodeos y aprobaron por unanimidad medidas que hoy son el terror de los empleadores inescrupulosos. Se estableció con claridad meridiana que los jueces de trabajo tienen todo el poder para ordenar la reposición inmediata de un trabajador cuando este ha sido víctima de un despido incausado o un despido fraudulento.
Pero, ¿qué significan estos términos que hoy son ley? El Pleno rescató definiciones que todo trabajador debe conocer para no dejarse pisotear:
El despido incausado es aquel acto de crueldad donde se echa a la calle al trabajador, ya sea de palabra o por escrito, sin decirle absolutamente ninguna causa que justifique tal decisión, ignorando su conducta o su labor.
El despido fraudulento es todavía más perverso, ocurre cuando el empleador actúa con engaño y ánimo malicioso, inventando hechos falsos, inexistentes o imaginarios, o fabricando pruebas para deshacerse del trabajador, rompiendo toda rectitud en las relaciones laborales.
Lo más impactante de este acuerdo es que se ha fijado como un norte obligatorio para todos los jueces. Se estableció que la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional, deben ser aplicados con mano de hierro tanto en la vía constitucional como en la ordinaria laboral. Esto significa que ya no hay excusas: la protección del derecho al trabajo es una obligación sagrada y los jueces deben ser los primeros guardianes de la Constitución.
Además, el Pleno arrojó luz sobre el oscuro tema de las enfermedades profesionales, determinando que la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios es de naturaleza contractual. Esto abre las puertas para que los afectados reclamen no solo por el daño patrimonial, sino también por el dolor moral causado por la negligencia patronal.
Esta joya jurídica, aunque antigua, sigue siendo la espada con la que se combate la arbitrariedad en las oficinas y fábricas de todo el país, recordándonos que la justicia, cuando se aplica con firmeza, no tiene fecha de vencimiento.
