La Presidencia del Consejo de Ministros ha dado un paso trascendental en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad administrativa mediante la aprobación de la Guía práctica de consulta pública en el marco de los instrumentos de mejora de la calidad regulatoria. Este documento, formalizado a través de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 002-2016-PCM-SGP, se erige como el instrumento orientador definitivo para que las entidades de la administración pública inicien y conduzcan procesos de participación ciudadana con rigor técnico. El objetivo primordial de esta disposición es dotar de legitimidad jurídica a las decisiones regulatorias, asegurando que la producción normativa nacional no solo sea eficaz, sino que responda fielmente a las necesidades de los administrados bajo los principios de transparencia y modernización de la gestión pública.
En el ámbito doctrinario y operativo de esta norma, la consulta pública se define como un mecanismo participativo que permite a la autoridad recolectar evidencia y perspectivas de los interesados antes de la emisión de un acto normativo. La guía técnica aprobada desglosa esta figura en dos vertientes esenciales. La primera es la consulta pública temprana, cuya naturaleza es facultativa pero altamente recomendada, pues se enfoca en el análisis preliminar del problema público, sus causas y la exploración de diversas alternativas de solución, permitiendo mitigar riesgos de cumplimiento de forma anticipada. La segunda vertiente es la consulta pública regulatoria, la cual reviste un carácter obligatorio y se ejerce directamente sobre proyectos normativos ya redactados con el fin de validarlos, perfeccionarlos e identificar posibles contingencias durante su futura implementación.
La estructura procesal establecida en el documento orientador garantiza la seguridad jurídica al fijar cuatro etapas preclusivas para el desarrollo de la consulta: preparatoria, de ejecución, de evaluación, y de difusión y mejora continua. Un elemento distintivo de esta regulación es la aplicación del criterio de proporcionalidad para la determinación de los plazos, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Para tales efectos, la administración deberá evaluar la magnitud y complejidad del problema público, así como los impactos y riesgos asociados a la intervención normativa propuesta. Este enfoque asegura que la carga administrativa sea coherente con la relevancia de la norma en cuestión, evitando dilaciones innecesarias en el ciclo regulatorio.
Desde una perspectiva de técnica legislativa y eficiencia administrativa, esta guía se sustenta en lo dispuesto en el artículo veintiocho del Reglamento del Decreto Legislativo número mil quinientos sesenta y cinco, que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Los insumos obtenidos a través de este proceso participativo serán fundamentales para la simplificación administrativa y la reducción de costos y cargas innecesarias para la ciudadanía. Se ha priorizado la publicación de este instrumento en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano y en el Portal Institucional de la PCM, garantizando así el acceso universal a las herramientas que promueven una regulación de alta calidad y una gestión pública más cercana al administrado.
