El debate contemporáneo sobre el rol del magistrado plantea una dicotomía entre la aplicación mecánica de la norma y una función orientada a la justicia material. Bajo una visión clásica, se sostiene que la labor judicial debe limitarse a la aplicación de la ley al caso concreto, respetando estrictamente las reglas procedimentales bajo una suerte de teoría deportiva de la justicia.
En este esquema, el juez se mantiene como un tercero neutral que asegura la observancia de las reglas de juego sin intervenir en la realidad social. Sin embargo, el ordenamiento jurídico actual dota al juzgador de potestades superiores, tales como el control difuso de constitucionalidad, la facultad de abrogar decretos mediante la acción popular y la capacidad de integrar el derecho frente a vacíos normativos mediante la figura del juez legislador.
En ese sentido, se identifican diversas tipologías que explican el comportamiento de los magistrados en el sistema. El juez funcionario destaca por un positivismo legalista exacerbado, donde su desempeño se evalúa mediante cuotas de rendimiento o producción jurisdiccional, priorizando la cantidad de sentencias sobre la calidad ética del fallo. Por otro lado, figuras como el juez político desnaturalizan la jurisdicción al convertirla en una herramienta de grupos de interés o partidos políticos, fenómeno conocido como lawfare.
Esta realidad se ve condicionada por la estructura del sistema peruano, donde existe una alta prevalencia de provisionalidad, con un 57.84% de jueces en condición de provisionales o supernumerarios frente a un 42.17% de jueces titulares.
Frente a estas distorsiones, surge el ideal del juez justo, aquel que asume la judicatura como una vocación ética y no meramente administrativa, asumiendo la responsabilidad de la justicia en cada uno de sus actos, incluso a falta de ley. Este perfil se contrapone al juez justiciero, quien, carente de sintonía con la realidad y las consecuencias de sus errores, actúa motivado por el reconocimiento público.
