El panorama del cumplimiento fiscal en el país afronta un escenario de rigurosa fiscalización tras las recientes acciones de control implementadas por la autoridad hacendaria. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria identificó, al cierre de la temporada anual anterior, a un total de setenta y ocho empresas bajo la condición jurídica de Sujetos sin Capacidad Operativa. Esta atribución legal designa a aquellas compañías que, a pesar de emitir formalmente comprobantes de pago, carecen por completo de los activos tangibles, el personal debidamente contratado o la infraestructura física mínima para llevar a cabo actividades económicas reales. Esta modalidad de simulación no solo desnaturaliza la fe pública que revisten los documentos mercantiles, sino que arrastra consigo un grave efecto dominó que compromete a más de cincuenta y siete mil ochocientos clientes a nivel nacional, de acuerdo con los reportes de la Cámara de Comercio de Lima.
La repercusión inmediata de contratar con estas sociedades ficticias se traduce en una severa contingencia del Derecho Tributario. Al comprobarse la inexistencia del sustrato económico de las transacciones, la administración estatal procederá al desconocimiento del crédito fiscal respecto al Impuesto General a las Ventas y restará validez a la deducción de costos o gastos para la determinación del Impuesto a la Renta. Las implicancias de este reparo tributario trascienden la simple esfera administrativa de la rectificación de declaraciones juradas, ya que sitúan a los contribuyentes que actúan de buena fe ante el riesgo inminente de asumir multas y recargos considerables. Los mecanismos mediante los cuales operan estas denominadas empresas de papel suelen abarcar la emisión de facturas falsas, entendidas técnicamente como aquellos comprobantes de pago que respaldan una prestación de servicios jamás ejecutada, bienes nunca entregados o montos artificialmente alterados con el único propósito de erosionar la base imponible y evadir las obligaciones tributarias correspondientes.
Más allá del perjuicio pecuniario que representa para el erario público, esta conducta califica como una conducta típica que activa los resortes de la persecución penal del Estado. El ordenamiento jurídico nacional contempla esta problemática en la Ley Penal Tributaria, regulada expresamente por el Decreto Legislativo Número 813. El marco penal vigente establece sanciones de pena privativa de la libertad que pueden alcanzar hasta los ocho años de prisión efectiva para quienes participen en estos esquemas de defraudación de rentas. La gravedad de la pena imponible se graduará formalmente por el órgano jurisdiccional en función de criterios objetivos como el monto total defraudado, la modalidad criminal empleada para el engaño y las condiciones de reincidencia de los imputados. Este marco punitivo no solo alcanza a los autores materiales de la emisión, sino que extiende la responsabilidad penal de forma solidaria a los socios de la empresa, los representantes legales en ejercicio y los terceros partícipes que facilitaron la triangulación del dinero, el cual a menudo puede converger en delitos conexos como el lavado de activos.
Ante esta coyuntura, la comunidad jurídica y empresarial hace un llamado a la prudencia y a la diligencia debida, en vista de que un sector considerable de emprendedores resulta implicado en estos procesos penales y fiscales sin un dolo directo o conocimiento pleno de la ilicitud del proveedor, siendo usualmente inducidos por asesorías contables irregulares. La configuración del delito bajo la legislación especial no exime a quienes aduzcan ignorancia si se demuestra la negligencia en la verificación de la idoneidad de sus contrapartes comerciales. Por ello, la inhabilitación para ejercer actividades comerciales y las accesorias de ley se consolidan como las sanciones complementarias destinadas a erradicar del tráfico mercantil estas prácticas que minan la libre competencia y la recaudación fiscal equitativa.
