La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, a través de su Primer Despacho, ha formalizado el requerimiento de una medida de coerción procesal consistente en el impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Esta solicitud, que será sustentada este jueves a las 11:00 horas, se extiende a otros seis exfuncionarios de la institución, identificados como José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. La medida restrictiva se enmarca en las investigaciones por la presunta comisión del delito de colusión agravada, tipificado en el Código Penal para sancionar los acuerdos clandestinos entre funcionarios y particulares que defraudan patrimonialmente al Estado.
El origen de la investigación fiscal reside en el presunto direccionamiento del contrato otorgado a la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., entidad que fue la responsable del despliegue de los materiales de sufragio durante los comicios generales del pasado 12 de abril. Tras registrarse diversas irregularidades logísticas en dicha jornada electoral, las pesquisas del Ministerio Público se centraron en determinar si existió una concertación ilícita para favorecer a la mencionada contratista. Cabe precisar que la colusión agravada implica que el funcionario público, interviniendo por razón de su cargo en cualquier etapa de la adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concierta con los interesados para defraudar al Estado, afectando directamente el erario público.
Dentro del iter procesal de este caso, es importante destacar que Corvetto dejó la jefatura de la ONPE tras presentar una renuncia que fue aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia. Posteriormente, la Fiscalía procedió con el allanamiento de su domicilio particular, diligencia en la cual se logró la incautación de equipos electrónicos y material de interés probatorio para el esclarecimiento de los hechos. Aunque el Poder Judicial rechazó en una instancia previa la solicitud de detención preliminar contra el ex titular del organismo electoral, su situación jurídica actual es la de investigado, lo que motiva el pedido de esta medida cautelar de carácter personal para garantizar su presencia en el proceso y evitar el riesgo de fuga mientras continúan las indagaciones sobre el manejo de la logística electoral.
El impedimento de salida del país es una medida de restricción de la libertad de tránsito que busca asegurar la eficacia de la investigación preparatoria. En este contexto jurídico, la Fiscalía argumenta la necesidad de asegurar que los siete exfuncionarios permanezcan en territorio nacional ante la gravedad de las imputaciones relacionadas con la contratación pública de la empresa Gálaga. La audiencia de este jueves será determinante para establecer si los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público cumplen con los presupuestos legales para limitar el derecho de libre tránsito de los investigados durante el periodo solicitado de año y medio.
