La gestión del empleo público en el país a menudo se enfrenta a encrucijadas normativas que generan incertidumbre jurídica tanto para los administrados como para las propias entidades. En un esfuerzo por dotar de predictibilidad al sistema, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, ha emitido un pronunciamiento técnico de carácter vinculante que pone los puntos sobre las íes respecto a la temporalidad de la contratación estatal. A través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 00076-2026-SERVIR-PE, el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos aprobó el Informe Técnico Nº 000965-2026-SERVIR-GPGSC, estableciendo un criterio de interpretación estricta sobre el plazo máximo de duración de los Contratos Administrativos de Servicios, conocidos como CAS, bajo la modalidad de plazo determinado. Esta medida busca uniformizar los criterios de las oficinas de recursos humanos, unificando la lectura de un marco legal que muchas veces adolece de dispersión o interpretaciones contradictorias.
La controversia jurídica que motivó esta precisión gira en torno al numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1057, el cual fue modificado por la Ley Nº 32563. Dicha modificación establece un tope temporal de cinco años máximos para la vigencia de estos vínculos contractuales. Sin embargo, la crítica implícita en la necesidad de emitir una resolución de esta envergadura radica en la confusión interpretativa que imperaba en el aparato estatal. SERVIR ha tenido que aclarar de forma taxativa que este límite quinquenal rige única y exclusivamente para aquellos contratos CAS a plazo determinado que hayan sido suscritos al amparo de la citada Ley Nº 32563, extendiéndose dicha restricción a sus respectivas prórrogas o renovaciones sucesivas. Con este blindaje hermenéutico, la autoridad delimita el alcance de la reforma reciente, evitando que las entidades apliquen de forma retroactiva o extensiva una limitación que afectaría la continuidad laboral en supuestos no previstos por el legislador.
El trasfondo sustantivo de esta opinión vinculante radica en la diferenciación de los regímenes de temporalidad según su origen legislativo. En ese sentido, la resolución deja en claro que el límite de cinco años no resulta aplicable a los contratos administrativos de servicios celebrados para labores de necesidad transitoria bajo las disposiciones de la Ley Nº 31131. El Contrato Administrativo de Servicios se define esencialmente como un régimen laboral especial y propio del sector público, de carácter transitorio, que vincula a un administrado con el Estado. Al desvincular los contratos de la Ley Nº 31131 de la restricción quinquenal de la Ley Nº 32563, SERVIR delimita las canteras normativas y previene la vulneración de los derechos de los servidores que fueron contratados bajo presupuestos de transitoriedad distintos. Esta precisión técnica es crucial, pues la predictibilidad y la seguridad jurídica son principios fundamentales del derecho administrativo que impiden que las reglas de juego se alteren de forma imprevista para los servidores públicos.
A pesar de que el ente rector señala que esta medida busca fortalecer una adecuada gestión de recursos humanos y optimizar la administración pública, la emisión de este criterio vinculante también pone de manifiesto la constante inestabilidad de las reglas de contratación estatal. El hecho de que se requiera una resolución de presidencia ejecutiva para aclarar cómo conviven dos leyes distintas sobre una misma modalidad contractual evidencia las deficiencias en la técnica legislativa actual. El Informe Técnico Nº 000965-2026-SERVIR-GPGSC ya es de obligatorio cumplimiento para todas las oficinas de recursos humanos del sector público, consolidando un criterio que, si bien ordena el panorama inmediato, confirma la complejidad del ecosistema laboral del Estado. Para aquellos profesionales del derecho y servidores interesados en profundizar en el análisis de los fundamentos jurídicos de esta decisión, los documentos íntegros se encuentran disponibles en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
