El mundo contiene el aliento ante un despliegue de violencia quirúrgica sin precedentes. En una operación que evoca la contundencia de la legítima defensa preventiva, el Ejército de los Estados Unidos ejecutó la destrucción sistemática de 16 buques minadores iraníes en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz. La acción, que trasciende la mera escaramuza naval, se fundamenta en la neutralización de una amenaza inminente contra la seguridad internacional y la libre navegación, principios rectores del Derecho del Mar que Teherán pretendía pisotear con explosivos submarinos. Bajo el mando de Donald Trump, la orden fue clara: una respuesta expedita frente a lo que Washington calificó como un acto de agresión latente.
El Comando Central de los Estados Unidos, actuando como brazo ejecutor de esta política de tolerancia cero, confirmó que el 10 de marzo de 2026 se procedió a la eliminación de las embarcaciones. Este acto de fuerza no fue fortuito; se basó en la aplicación de una suerte de justicia sumaria naval contra activos que el Pentágono identificó como instrumentos para el bloqueo de una arteria económica vital.
En el marco de esta crisis, se invocaron normativas de excepción. La aprobación formal de estas incursiones se dio bajo el amparo de la Resolución de Poderes de Guerra, cuya promulgación original data del 7 de noviembre de 1973, pero que fue reafirmada en su aplicabilidad fáctica durante las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en los días previos al ataque. Lo que las autoridades aprobaron fue el uso de fuerza letal para garantizar el derecho de paso inocente y el tránsito por estrechos internacionales. Durante las deliberaciones, se definieron los términos de hostilidad activa como cualquier desplazamiento de medios navales destinados al sembrado de artefactos explosivos en rutas comerciales, lo que habilitaba jurídicamente el uso de misiles de alta precisión.
La Casa Blanca, en un ejercicio de retórica inflamada pero legalmente blindada, estableció para la doctrina de seguridad nacional que cualquier embarcación, sea estatal o paramilitar, que realice maniobras de minado en aguas internacionales será considerada un blanco legítimo de destrucción inmediata. Este precedente elimina la necesidad de una declaración formal de guerra previa, permitiendo que la respuesta sea tratada bajo un protocolo de interceptación violenta. La administración de aquel entonces dejó sentado que el flujo del 20% del crudo mundial no es negociable y que el Estrecho de Ormuz se encuentra bajo un control táctico estadounidense que no admite desafíos soberanos por parte de la Guardia Revolucionaria.
