En un esfuerzo por garantizar la predictibilidad jurídica y la eficacia en la administración pública, el Poder Ejecutivo ha formalizado un instrumento de gestión de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno. Mediante el Decreto Supremo N.° 043-2026-PCM, se ha aprobado la Política General de Gobierno denominada Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática. Esta norma jurídica no se limita a una declaración de principios, sino que se constituye como un mandato imperativo que fija los ejes estratégicos y los lineamientos prioritarios que regirán el mandato del presidente José María Balcázar hasta la conclusión de su gestión en julio de 2026. La relevancia de este dispositivo radica en su capacidad para dotar de coherencia sistémica a las decisiones estatales en un periodo de alta sensibilidad política y social.
Dentro del marco normativo establecido, se define la Política General de Gobierno como el conjunto de directrices que orientan las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, asegurando que la actuación del Estado sea unitaria y descentralizada. Su ámbito de aplicación posee un carácter omnicomprensivo, vinculando no solo a los ministerios del Poder Ejecutivo, sino también a los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, mancomunidades y organismos adscritos. Como precedente vinculante para la gestión pública, este decreto establece que toda entidad estatal debe alinear sus planes operativos y presupuestales a los objetivos aquí trazados, eliminando la discrecionalidad técnica que pudiera dispersar los recursos públicos en fines ajenos a las prioridades nacionales de corto plazo.
La estructura sustantiva de esta política se articula en tres ejes fundamentales que responden a la coyuntura jurídica y social del país. El primer eje, Seguridad Ciudadana, se enfoca en el fortalecimiento del marco legal para combatir la criminalidad organizada y la ejecución rigurosa del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. El segundo eje, Continuidad Económica, persigue la estabilidad macroeconómica mediante el fomento de la competitividad, la seguridad energética y una educación con enfoque productivo, garantizando la seguridad jurídica para la inversión. Finalmente, el tercer eje, Transición Democrática, impone el deber estatal de asegurar procesos electorales transparentes y un diálogo político que permita una transferencia de mando ordenada, conforme a los principios de lealtad institucional y transparencia administrativa.
Para dotar de exigibilidad a estos lineamientos, el Ejecutivo ha dispuesto un cronograma estricto de rendición de cuentas bajo la supervisión del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido como CEPLAN. Esta entidad, en coordinación con las carteras ministeriales, tiene la competencia de elaborar los indicadores de desempeño que medirán el cumplimiento de los objetivos. Estos mecanismos de control aseguran que la política promulgada no sea una mera formalidad, sino una herramienta de supervisión efectiva sobre la cual recae la responsabilidad de los funcionarios públicos.
