En un movimiento financiero sin precedentes que busca sacudir los cimientos del sector inmobiliario nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha decidido abrir el grifo del tesoro público. Mediante la Resolución Ministerial N° 065-2026-Vivienda, cuya fecha de aprobación y promulgación coinciden con su publicación oficial este 5 de marzo de 2026, se ha autorizado una transferencia financiera masiva por la suma de 519 millones 208,884 soles. Este capital será inyectado directamente a las arcas del Fondo Mivivienda, para enfocarse en una ejecución presupuestaria que no admite errores ni desvíos bajo responsabilidad funcional.
Lo que el Ejecutivo ha aprobado de manera definitiva es la entrega de bonos familiares habitacionales destinados exclusivamente a la modalidad de Construcción en Sitio Propio. Esta medida representa una victoria para miles de ciudadanos que poseen la titularidad de sus predios pero carecen del flujo de caja necesario para edificar una vivienda digna. El texto legal es tajante al definir que estos recursos tienen un carácter finalista, lo que significa que no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos, garantizando que cada sol llegue al cemento y ladrillo de los sectores más vulnerables.
Dentro de los fundamentos de esta norma, se han ratificado definiciones jurídicas y operativas cruciales para la transparencia del proceso. Se define el Bono Familiar Habitacional como un subsidio directo no reembolsable que el Estado otorga a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador. Asimismo, se establece que la modalidad de Construcción en Sitio Propio está estrictamente dirigida a aquellos que ostenten aires independizados o terrenos inscritos formalmente en los Registros Públicos, asegurando la seguridad jurídica de la inversión estatal. El monto del bono ha sido fijado en 33,000 soles, una cifra que busca combatir el déficit habitacional cualitativo en familias cuyos ingresos mensuales no superen el umbral de los 2,706 soles.
La vigilancia de este festín de recursos no quedará al azar. La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo ha sido designada como la entidad responsable del monitoreo y cumplimiento de las metas físicas y financieras. Esto implica que el Fondo Mivivienda está obligado por ley a rendir cuentas detalladas sobre los avances de las obras, bajo el estricto marco de los convenios de ejecución vigentes. Con esta transferencia, el gobierno actual intenta dejar atrás la inestabilidad política y centrarse en una política de vivienda que, al menos en el papel, promete cimentar un nuevo futuro para el país.
