Bajo el mando del actual Presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se ha oficializado una reforma agresiva al Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil. Esta normativa busca terminar con las sorpresas en el precio de los boletos, exigiendo que desde el primer contacto, el usuario sepa exactamente qué está pagando.
El corazón de esta medida es la modificación del literal f) del artículo 232, donde se establece que el contrato de transporte aéreo (entendido jurídicamente como el acuerdo orientado a satisfacer las necesidades de traslado de pasajeros, carga y correo de un punto a origen a un destino) debe ahora desglosar con precisión quirúrgica el valor neto del pasaje frente a los impuestos, tasas y cargos autorizados. El Estado busca evitar el caos y las congestiones innecesarias en los aeropuertos que se generaban por la recaudación directa de estos conceptos a último minuto.
La ley es clara: el pasajero tiene el derecho irrenunciable de acceder a esta información detallada desde el momento en que efectúa su reserva. Además, si por alguna razón estos impuestos no están incluidos en el precio final, la aerolínea está obligada por ley a informar sobre los mecanismos de pago disponibles para que no te quedes varado en el mostrador. Esta norma, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 007-2026-MTC el 4 de marzo de 2026, define que el transporte aéreo es un servicio público de interés y necesidad nacional que el Estado debe garantizar de forma continua y obligatoria.
A pesar de este ajuste de tuercas, el dispositivo legal incluye una cláusula de salvaguarda: no se impone a los transportadores aéreos la obligación de incorporar el cobro de dichos conceptos en sus contratos si no lo desean, pero sí se les exige una transparencia absoluta en la información preventiva. Todo esto se hace para alinear al Perú con los métodos recomendados por la OACI, buscando que la aviación civil se desarrolle de manera segura y económica.
