En un avance significativo para la institucionalidad del país, la Presidencia del Consejo de Ministros ha formalizado la aprobación de la Guía Práctica de Consulta Pública en el marco de los instrumentos de mejora de la calidad regulatoria. Esta disposición, oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2026-PCM-SGP, se erige como una herramienta técnica esencial para optimizar la participación ciudadana en la fase de elaboración de disposiciones normativas. El objetivo central de esta medida es dotar de una mayor legitimidad a las decisiones del Estado, asegurando que el ejercicio de la potestad reglamentaria derive en normas efectivas que respondan de manera técnica y social a las necesidades de la población, bajo los principios de transparencia y predictibilidad jurídica.
Desde una perspectiva técnica, la implementación de esta guía se encuentra intrínsecamente vinculada al Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante, el cual se define como un proceso de evaluación previa que permite a las entidades identificar, comprender y evaluar los posibles beneficios, costos y efectos de una regulación antes de su entrada en vigor. Al respecto, la obligatoriedad de este instrumento se circunscribe a lo estipulado en el artículo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM. Bajo este marco normativo, la Administración Pública tiene el deber de garantizar que la producción normativa de carácter general cumpla con estándares de eficiencia, evitando la sobrerregulación y fomentando la simplificación administrativa.
La supervisión del cumplimiento de estas directrices estará a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, específicamente a través de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio. Esta instancia ejercerá una vigilancia con enfoque progresivo para asegurar que las entidades del Poder Ejecutivo y demás organismos estatales integren correctamente la consulta pública en sus procesos internos. Para facilitar este proceso, se gestionará una plataforma digital especializada de consulta pública, diseñada para centralizar y optimizar la interacción entre el regulador y los administrados. Con esta infraestructura tecnológica, se busca que el ciudadano no sea un mero receptor de leyes, sino un agente activo en la configuración del ordenamiento jurídico nacional.
Es relevante destacar que este documento técnico estará disponible para su revisión integral en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano y en el Portal Institucional de la PCM. La adopción de esta guía representa un hito en la mejora de la calidad regulatoria, al consolidar un sistema donde la producción de normas se sustenta en evidencia y en el diálogo social. Con esta resolución, se reafirma el compromiso de la Administración Pública con el perfeccionamiento del marco legal y el respeto a la jerarquía normativa vigente.
