El notariado peruano, bajo la gestión del decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra, ha consolidado un avance significativo en la arquitectura de seguridad jurídica del país mediante el robustecimiento del Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este mecanismo, diseñado para mitigar riesgos dentro del tráfico jurídico de bienes y servicios, se fundamenta en la optimización tecnológica de las notarías a escala nacional, permitiendo que el reporte de operaciones sospechosas sea un proceso dotado de celeridad, eficiencia y entornos digitales amigables. Al cierre del primer trimestre de 2026, se ha logrado una integración técnica que abarca entre el 98% y el 99% de los despachos notariales en la base de datos centralizada, asegurando que el flujo de información hacia la Unidad de Inteligencia Financiera sea constante y riguroso en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes.
En el marco de esta reforma funcional, se enfatiza que la labor del notario trasciende la mera protocolización de documentos, convirtiéndose en un agente activo de control preventivo. La operatividad de este sistema se basa en definiciones sustanciales: la operación sospechosa se entiende como aquella transacción que, por su naturaleza, cuantía o características particulares, no se ajusta a los patrones de actividad económica ordinaria del usuario y que, por tanto, amerita ser comunicada a la autoridad supervisora. Asimismo, la implementación del sistema busca consolidar el principio de seguridad jurídica, garantizando que el Estado posea los insumos necesarios para emprender investigaciones jurisdiccionales o administrativas con base en datos fehacientes extraídos de los instrumentos públicos notariales.
Respecto al marco normativo, la directiva liderada por Collantes Becerra ha ratificado los compromisos de defensa gremial ante iniciativas legislativas que pretenden instaurar figuras como el abogado certificador, lo cual es considerado una vulneración a la fe pública. La aprobación de las normativas de interconexión ha permitido establecer un precedente de colaboración técnica entre el notariado y estamentos como la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Reniec y la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Estos convenios buscan reducir las brechas de interoperabilidad estatal, planteando que la transmisión de datos sobre permisos de viaje o actos traslativos de dominio sea inmediata, eliminando las asimetrías de información que facilitan el fraude.
Finalmente, el balance de gestión destaca que el notariado ha implementado plazos de respuesta más breves mediante el uso de plataformas digitales que facilitan la libertad de elección del ciudadano según su ubicación geográfica. Además de la labor estrictamente jurídica, el gremio mantiene una proyección social a través del programa El Notario en tu Barrio, que en su décimo aniversario ha superado las 10,000 consultas gratuitas en materias de sucesiones intestadas, testamentos y saneamiento de la propiedad. Este enfoque integral busca que la digitalización no sea percibida como una barrera, sino como un proceso evolutivo que refuerza la confianza en el sistema legal peruano y protege el orden económico contra el financiamiento de actividades ilícitas.
