En un ejercicio de transparencia democrática, el Jefe de Estado, José María Balcázar, ha delineado los ejes fundamentales que regirán la actuación del nuevo Consejo de Ministros, ahora bajo la dirección de Luis Arroyo. Esta reconfiguración del equipo ministerial no solo busca dar continuidad a las políticas públicas preexistentes, sino imprimir una celeridad sustancial en la lucha contra la criminalidad.
El mandatario enfatizó que la estrategia gubernamental se encuentra estrictamente supeditada al bloque de constitucionalidad, garantizando que el proceso de elecciones generales, programado para el próximo 12 de abril de 2026, se desarrolle bajo los principios de integridad y neutralidad electoral. La legitimidad del sistema democrático depende, en última instancia, de la pureza del sufragio y la transparencia en el escrutinio.
En el ámbito de la seguridad nacional, el Ejecutivo ha ratificado la vigencia de protocolos especializados diseñados para la desarticulación de organizaciones criminales. Estas acciones se fundamentan en la optimización de los cuadros de la Policía Nacional y la implementación de mecanismos de inteligencia que permiten la interceptación de comunicaciones en casos de extorsión, siempre bajo el estricto respeto a la reserva judicial y las garantías del debido proceso.
Es pertinente recordar que este marco de acción se alinea con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, cuya aprobación se materializó el 15 de enero de 2026 y fue promulgada oficialmente el 20 de enero del mismo año. Mediante este dispositivo, se aprobó la creación de unidades de respuesta inmediata y se establecieron definiciones jurídicas clave, tales como la determinación de puntos neurálgicos de criminalidad, entendidos como zonas geográficas con alta incidencia delictiva que requieren intervención estatal prioritaria.
Asimismo, la normativa establece la obligatoriedad de la cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en la etapa de investigación preliminar. Este precedente estipula que cualquier omisión en la coordinación táctica será considerada una vulneración al deber de debida diligencia del Estado en la protección de sus ciudadanos.
Finalmente, el presidente Balcázar abordó la reactivación económica regional mediante la figura del crédito suplementario, un mecanismo presupuestario esencial para dotar de recursos a proyectos de infraestructura paralizados. Respecto a la política exterior, el mandatario mantuvo una postura de respeto a la soberanía de los estados vecinos, en relación a las recientes decisiones fronterizas adoptadas por el Gobierno de Chile, reafirmando que la política internacional del Perú se rige por el principio de no injerencia y la convivencia pacífica.
