La Oficina Nacional de Procesos Electorales, bajo la dirección interina de Bernardo Pachas, ha iniciado una fase de reestructuración y saneamiento procesal con miras a la segunda elección presidencial programada para el 7 de junio. Tras la culminación del procesamiento al cien por ciento de las actas de la fórmula presidencial, la autoridad electoral anunció la implementación de medidas correctivas de carácter operativo y administrativo. Estas acciones buscan garantizar el principio de transparencia y devolver la certidumbre a la ciudadanía y a los sujetos procesales, tras los incidentes logísticos registrados durante la jornada del 12 de abril. Como parte de esta estrategia de integridad, se ha solicitado formalmente el acompañamiento preventivo de la Contraloría General de la República en los procesos de selección y adquisición de bienes y servicios, asegurando que cada etapa de la contratación pública se ajuste a los estándares de legalidad y probidad exigidos por el ordenamiento vigente.
En el marco del estricto cumplimiento del cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, la entidad trabaja de forma ininterrumpida para resolver la situación de las actas observadas. De un total de 50,983 actas remitidas a los Jurados Electores Especiales, 5,664 corresponden específicamente a la elección presidencial. El deslinde de responsabilidades sobre los fallos en la distribución del material electoral ya se encuentra bajo el análisis de las instancias correspondientes: por un lado, mediante procedimientos administrativos disciplinarios internos de la propia oficina electoral, y por otro, a través de las diligencias preliminares conducidas por el Ministerio Público. Esta dualidad de investigaciones pretende determinar si existieron fallas en la cadena de custodia o en la logística de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), asegurando que el servicio electoral recupere su eficacia para el próximo balotaje.
La situación jurídica en torno a la administración saliente ha tomado un giro procesal significativo tras las declaraciones del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. El titular del Ministerio Público informó sobre el requerimiento de detención preliminar presentado ante el órgano jurisdiccional contra el exjefe del organismo, Piero Corvetto, y otros funcionarios de alta jerarquía. Esta medida restrictiva de la libertad se sustenta en la presunción de conductas presuntamente dolosas que habrían afectado la transparencia del proceso. Mientras la judicatura resuelve dicho requerimiento, el jefe interino ha instado a la revisión minuciosa de los procedimientos de las ODPE para asegurar la oportuna instalación de las mesas de sufragio, contando con el apoyo interinstitucional del sector educación y el sector privado para consolidar la logística del 7 de junio.
Respecto a los resultados que definirán la contienda definitiva, los datos oficiales procesados al cierre de la edición, con el 94.452 % de las actas contabilizadas, sitúan a la candidata Keiko Fujimori en el primer lugar con un 17.049 % de los votos válidos. La determinación del segundo contendiente para la segunda vuelta se mantiene en una estrecha disputa técnica entre Roberto Sánchez, quien registra un 12.031 %, y Rafael López Aliaga, con un 11.902 %. La resolución definitiva de esta incógnita electoral queda supeditada a la culminación del cómputo de actas procesadas y a las eventuales impugnaciones o apelaciones que deban ser resueltas, en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, garantizando así el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas.
