En el marco del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, se llevó a cabo la primera jornada del ciclo de debates presidenciales, un evento de trascendental importancia para el fortalecimiento del Estado de derecho. A menos de tres semanas de los comicios generales, este espacio de deliberación pública permitió a los ciudadanos conocer las propuestas de once candidatos en torno a ejes críticos como la seguridad ciudadana y la integridad pública. La relevancia de este acto radica en su capacidad de dotar al electorado de los elementos de juicio necesarios para ejercer un voto informado, conforme a los principios de transparencia y participación democrática que rigen nuestra República.
Para una adecuada comprensión del contexto normativo en el que se desarrollan estas propuestas, es pertinente recordar que el Jurado Nacional de Elecciones es el organismo constitucionalmente autónomo encargado de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de los procesos electorales. En este sentido, el ciclo de seis fechas de debate constituye un mecanismo de democracia cognitiva. Asimismo, cabe precisar que las propuestas de reforma legal y constitucional mencionadas por los aspirantes a la magistratura suprema deberán, en un eventual gobierno, someterse a los procedimientos de formación de leyes establecidos en la Constitución Política del Perú, respetando siempre el principio de jerarquía normativa y el bloque de constitucionalidad.
A continuación, se detallan las propuestas presentadas por los candidatos durante este certamen:
Pablo Alfonso López Chau – Ahora Nación (AN)
El candidato propuso una reforma integral de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de restaurar la autoridad estatal. Su plan incluye la derogación de normas consideradas lesivas para la seguridad ciudadana, calificándolas como leyes pro crimen. En el ámbito de la integridad pública, planteó la creación de un Sistema de Integridad Anticorrupción, ente que gozaría de autonomía administrativa y cuyos titulares serían designados mediante concurso público de méritos, garantizando la ausencia de filiación partidaria. Respecto a la promoción del talento, propuso un sistema de becas de posgrado en el exterior para estudiantes destacados de diversas facultades universitarias.
César Acuña Peralta – Alianza para el Progreso
Planteó un plan de choque contra el crimen organizado, estableciendo un plazo de 150 días para la creación del Comando Nacional contra la Extorsión y el Sicariato, junto a un Centro Nacional de Inteligencia. Su propuesta jurídica incluye la incorporación de las juntas vecinales y rondas campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En materia anticorrupción, sugirió una reforma al sistema de contrataciones del Estado y la implementación de la muerte civil para sentenciados por delitos contra la administración pública, vinculándola con procesos de extinción de dominio sobre sus activos. Para combatir la anemia, propuso potenciar la infraestructura hídrica agrícola.
José Daniel Williams Zapata – Avanza País
El aspirante propuso la implementación de un estado de guerra interno contra la criminalidad, mediante el uso de fuerzas especiales y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en operativos de rastrillaje permanentes. Planteó la transformación de la estructura policial hacia una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal especializada. En el plano punitivo, abogó por la muerte civil, la recuperación inmediata de activos ilícitos y el fortalecimiento de la supervisión por parte de la Contraloría General de la República. Ante el cambio climático, propuso un sistema de respuesta articulado entre los tres niveles de gobierno y las instituciones tutelares.
Álex Gonzales Castillo – Partido Demócrata Verde
Su propuesta central consiste en la fusión de los ministerios del Interior y de Defensa para optimizar el despliegue de 300,000 efectivos en el territorio nacional. En el ámbito de la integridad, sugirió la creación de la figura de un Zar Anticorrupción ajeno al sistema político tradicional y la digitalización total de los procesos de adquisición estatal mediante el uso de tecnologías modernas. Asimismo, manifestó la necesidad de renovar la composición del Congreso de la República. En materia educativa, propuso un incremento sustancial en el presupuesto destinado a la educación superior de gestión pública.
Luis Fernando Olivera Vega – Partido Frente de la Esperanza 2021
Propuso la implementación de procesos sumarios para delitos flagrantes y una reestructuración de la cúpula policial, jueces y fiscales supremos. Su plan incluye la instauración de un sistema de jurados populares en la administración de justicia. Presentó la iniciativa denominada Ley Patriota, la cual sería sometida a referéndum en un plazo de 60 días para su ratificación ciudadana. En el eje de recursos estratégicos, sostuvo que el gas natural de Camisea debe priorizarse exclusivamente para el consumo doméstico nacional, buscando garantizar la seguridad energética del país.
Carlos Gonzalo Álvarez Loayza – Partido País Para Todos
Planteó como medida disuasoria la aplicación de la pena de muerte para sicarios en casos de flagrancia delictiva, lo que implicaría la denuncia del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos). Propuso también la intervención coordinada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con el Ministerio Público para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales. En materia de gestión, anunció la declaratoria de emergencia de la función pública por 100 días y la creación de una comisión de la verdad respecto a la gestión sanitaria de la pandemia.
José León Luna Gálvez – Podemos Perú
El candidato propuso un shock de inversión anual de 5,000 millones de soles para seguridad ciudadana, financiado mediante la reducción de gastos corrientes del Estado. Planteó la creación de una nueva Policía de Investigaciones, integrando a efectivos que actualmente se encuentran en situación de franco. Su propuesta de reforma constitucional incluye la creación de una Supercontraloría con autonomía de rango constitucional similar a la del Banco Central de Reserva, cuyo titular sería elegido mediante sufragio universal y directo para asegurar su independencia del poder político.
Yonhy Lescano Ancieta – Partido Político Cooperación Popular
Su plan de gobierno contempla la reorganización de la Policía Nacional y la integración de las Fuerzas Armadas y rondas campesinas en labores de control del orden público. Propuso el endurecimiento de las penas privativas de libertad y la aplicación de la muerte civil para funcionarios corruptos. Destacó que el fortalecimiento de la integridad pública reside en la capacidad del electorado para seleccionar candidatos idóneos. Asimismo, planteó la digitalización integral de los trámites ante la administración pública como una medida preventiva contra la corrupción burocrática.
Wolfgang Mario Grozo Costa – Partido Político Integridad Democrática
Propuso una reforma del sistema de justicia y la modernización policial basada en inteligencia electrónica y vigilancia por redes. Anunció la construcción de tres establecimientos penitenciarios de máxima seguridad (megacárceles). En el ámbito normativo, planteó un proyecto de ley para establecer la cadena perpetua para altos dignatarios condenados por corrupción, junto con la incautación de sus bienes. Como medida de control de confianza en la función pública, propuso el uso obligatorio del polígrafo para funcionarios de alta dirección.
María Soledad Pérez Tello de Rodríguez – Primero la Gente
La candidata enfocó su propuesta en la derogación de las leyes que, a su juicio, favorecen al crimen organizado. Planteó la creación del Grupo Especial Nacional de Inteligencia Operativa (GENIO) y la actualización del plan estratégico policial al 2030. En materia de transparencia, propuso la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia que garantice mecanismos de protección efectiva para los denunciantes de actos de corrupción. Subrayó la importancia de asegurar la independencia presupuestaria y funcional del Poder Judicial para evitar la infiltración de intereses ilícitos en la política.
Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla – Renovación Popular
Propuso una reforma administrativa del Estado para reducir de 18 a seis el número de ministerios, con el fin de optimizar recursos para seguridad. Su plan incluye la salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restaurar la pena de muerte y la implementación de jueces sin rostro en procesos de alta peligrosidad. En el ámbito social, propuso la expansión de la red de hospitales solidarios en todas las provincias y el fortalecimiento del programa de becas universitarias. Concluyó su intervención vinculando su vocación política con principios de servicio a los sectores más vulnerables.
