El sistema de justicia peruano se prepara para una transformación operativa sin precedentes en su principal terminal aérea. En una sesión de alta relevancia institucional llevada a cabo en el Palacio de Justicia, la Presidenta De La Judicatura, Janet Tello Gilardi, y el Superintendente Nacional de Migraciones, Manuel Valladares Ramírez, definieron las líneas maestras para la próxima habilitación de una Unidad de Flagrancia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta iniciativa estratégica busca erradicar la impunidad en delitos transfronterizos mediante una respuesta jurisdiccional inmediata, eliminando las barreras logísticas que actualmente dificultan el procesamiento de detenidos en la zona de tránsito.
La operatividad de este nuevo órgano jurisdiccional se fundamenta en el concepto de la unidad de flagrancia, la cual se define como un modelo de gestión procesal corporativo que articula de manera física y funcional al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública. Su propósito central es la aplicación del proceso inmediato, un mecanismo de simplificación procesal que permite emitir sentencias condenatorias o absolutorias en lapsos mínimos, que oscilan entre las veinticuatro y setenta y dos horas, una vez que el sujeto es aprehendido en el momento mismo de la comisión del evento delictivo. Bajo este esquema, la justicia abandona la lentitud del proceso ordinario para adaptarse a la dinámica de urgencia que exige la seguridad nacional.
En cuanto a la delimitación de las conductas punibles que conocerá esta sede, se han tipificado con especial énfasis los delitos de orden migratorio y conexos. Esto comprende principalmente la falsedad documental (uso de pasaportes o visas adulteradas), la trata de personas bajo modalidades de captación internacional, el contrabando de mercancías y el tráfico ilícito de drogas. La implementación de esta unidad en el aeropuerto del Callao permitirá que las intervenciones policiales y migratorias se judicialicen in situ, mitigando los riesgos procesales derivados del traslado de imputados y garantizando que la soberanía jurídica se ejerza de manera efectiva en el punto neurálgico de entrada y salida del territorio peruano.
Durante el encuentro oficial del 24 de marzo de 2026, el secretario técnico de la Comisión de Implementación, Edman Rodríguez Vásquez, subrayó que la celeridad es el elemento determinante para el éxito de esta medida, considerando la naturaleza volátil del tránsito de pasajeros. Asimismo, se informó que el plan de acción contempla el robustecimiento de la actual Unidad de Flagrancia del Callao (sede Dos de Mayo) a través de la instalación de modernos laboratorios de criminalística, piezas clave para la actuación de pruebas periciales que sustenten las sentencias en tiempo récord.
Finalmente, este despliegue técnico no será un esfuerzo aislado en la capital. El proyecto establece una hoja de ruta para reforzar las unidades de flagrancia situadas en las zonas fronterizas de Tumbes, Moquegua, Puno, Loreto y Madre de Dios. Con el respaldo de gremios como la Asociación de Exportadores (Adex) y el sector académico, se busca consolidar un frente común que dote al Estado de las herramientas procesales necesarias para enfrentar la criminalidad organizada y el flujo migratorio irregular, elevando los estándares de seguridad jurídica en todas las fronteras del país.
