Bajo la premisa de optimizar la tutela jurisdiccional efectiva y robustecer el Estado de derecho, el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha formalizado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.º 14224/2025-MP. Esta iniciativa legislativa, presentada el 17 de marzo de 2026, propone la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, orientada a sustituir un marco normativo que, según la exposición de motivos del titular de la institución, ha quedado rezagado frente a la complejidad de las conductas antijurídicas contemporáneas.
La propuesta normativa se fundamenta en la necesidad imperativa de modernizar la estructura orgánica y funcional de la fiscalía. El documento remitido al Legislativo subraya que la eficiencia en la persecución penal técnica y la celeridad procesal dependen de un diseño institucional que permita una respuesta rigurosa frente al fenómeno criminal. En ese sentido, el proyecto establece directrices para la capacitación permanente de los magistrados fiscales y del personal administrativo, rigiéndose bajo los principios de meritocracia y especialización funcional.
Dentro de los aspectos técnicos del cuerpo legal propuesto, se detallan las atribuciones esenciales del organismo autónomo. Se ratifica su facultad para promover la acción judicial en defensa de la legalidad, así como la dirección de la investigación del delito desde su génesis, asumiendo la representación de la sociedad en los procesos judiciales. Asimismo, se institucionaliza la coordinación estratégica con la Policía Nacional del Perú, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, integrando un frente común contra el crimen organizado y la corrupción.
Es importante precisar que, en el marco de esta reforma, se han incorporado definiciones sustanciales para delimitar el alcance de la intervención fiscal. Se definen conceptos como la autonomía funcional, entendida como la independencia del fiscal en el ejercicio de sus atribuciones legales, y el principio de unidad de la función, que garantiza la coherencia en las actuaciones del Ministerio Público.
A diferencia de gestiones anteriores, la actual administración de Tomás Gálvez busca que la aprobación de este instrumento legal sea priorizada en la agenda parlamentaria. La fecha de presentación, este 17 de marzo de 2026, marca el inicio de un proceso de debate que determinará la futura operatividad de la fiscalía. De ser aprobada por el pleno del Congreso y posteriormente promulgada por el Ejecutivo, esta ley orgánica redefinirá el estándar de la justicia penal en el país, transitando hacia un modelo de gestión por resultados que priorice la protección de los derechos ciudadanos y la sanción efectiva del delito.
