La delincuencia no tiene tregua y el sistema penitenciario ha decidido contraatacar con una fuerza sin precedentes. En una jornada cargada de tensión y rigurosidad legal, el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Jorge Cotos Ochoa, dejó en claro que la impunidad acabó en las celdas del norte del país.
El despliegue comenzó a las 06:00 horas del 11 de marzo de 2026, fecha en la que se aprobó y promulgó de facto la ejecución inmediata de un operativo de requisa extraordinaria en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo. Bajo el amparo de las normas de seguridad ciudadana, la máxima autoridad, junto a la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, irrumpió en el pabellón 13. Allí, más de 200 internos fueron sometidos a una revisión corporal exhaustiva, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad que la ley exige para estos casos de alta peligrosidad.
Los agentes penitenciarios, actuando como un brazo implacable de la justicia, procedieron a la incautación de armas punzocortantes y la desinstalación de conexiones eléctricas clandestinas que servían de soporte para actividades ilícitas. Durante la intervención, se enfatizó la aplicación de conceptos jurídicos fundamentales como la potestad administrativa del INPE para mantener el orden interno y el deber de custodia del Estado sobre las personas privadas de libertad. Las autoridades definieron estas acciones no solo como un control rutinario, sino como una defensa del principio de autoridad.
Como un hito que marca el camino a seguir, la gestión de Cotos Ochoa estableció como un precedente la adopción de tres ejes de gestión innegociables. El primero es la seguridad penitenciaria, entendida como el conjunto de medidas preventivas y de control para neutralizar riesgos. El segundo es la resocialización, definida como el proceso de reincorporación del interno a la sociedad mediante el trabajo y la educación bajo el programa de Cárceles Productivas. Finalmente, se instauró el bienestar del personal penitenciario como pieza clave para garantizar la integridad del sistema.
Tras el golpe en Trujillo, la comitiva se trasladó a los penales de Pacasmayo y Chiclayo. En estos recintos, se verificaron las condiciones de reclusión en los regímenes cerrados especiales y ordinarios de máxima seguridad. El titular del INPE fue enfático al señalar que estas visitas no fueron de cortesía, sino una fiscalización directa para fortalecer las disposiciones del Gobierno en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. La orden es clara: orden, disciplina y resocialización o todo el peso de la ley sobre quienes pretendan vulnerar el sistema.
