En un esfuerzo por armonizar la labor de vigilancia administrativa con los avances tecnológicos actuales, el Ministerio de Economía y Finanzas ha oficializado una reforma estructural mediante la promulgación del Decreto Supremo N.° 058-2026-EF. Esta norma introduce modificaciones sustanciales al Reglamento del Fedatario Fiscalizador, originalmente aprobado por el Decreto Supremo N.° 086-2003-EF, con el propósito de fortalecer el ejercicio de la potestad tributaria en escenarios que trascienden la presencia física. La actualización normativa responde a la necesidad de dotar a la administración de herramientas eficaces para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los deudores tributarios que operan en plataformas virtuales, asegurando que la capacidad fiscalizadora del Estado no se vea limitada por la desmaterialización de las transacciones comerciales.
La nueva arquitectura legal del reglamento no solo redefine los procedimientos de autorización e identificación del fedatario fiscalizador, sino que expande el espectro de los documentos que este puede emitir en el ejercicio de sus funciones. Bajo este nuevo marco, el agente fiscalizador cuenta con el respaldo jurídico para intervenir en el entorno digital, entendido este como el ecosistema tecnológico donde se desarrollan actividades económicas a través de redes de comunicación electrónica. Para garantizar la seguridad jurídica y la validez de las actuaciones, la norma ha incorporado definiciones precisas que permiten delimitar el campo de acción de las autoridades y los derechos de los administrados. Entre los conceptos clave integrados destacan el buzón electrónico, configurado como el domicilio virtual para notificaciones oficiales, y la firma digital y electrónica, que otorgan autenticidad y valor probatorio a los actos realizados en soporte digital.
Desde la perspectiva del derecho administrativo y tributario, este cambio reglamentario resulta de vital importancia para los contribuyentes, ya que establece las reglas de juego para la supervisión de ventas y servicios efectuados por internet. La figura del fedatario fiscalizador, cuya labor es dar fe pública de hechos que constituyen infracciones o que sirven para la determinación de tributos, ahora posee una competencia técnica extendida para verificar el cumplimiento de las obligaciones en tiempo real dentro de la red. Este avance normativo busca reducir las brechas de evasión y eludir la informalidad digital, exigiendo a los deudores tributarios una mayor rigurosidad en el registro y comprobación de sus operaciones electrónicas, bajo el apercibimiento de las sanciones previstas en el Código Tributario y sus normas reglamentarias vigentes.
