El mercado inmobiliario en el Perú experimenta un crecimiento sostenido, pero este avance contrasta con problemas estructurales que afectan directamente la seguridad jurídica de compradores, propietarios y vecinos. Frente a esta situación, especialistas del sector exigen reformas normativas urgentes para corregir las asimetrías y la dispersión legislativa que desprotegerían a los ciudadanos. La actual coyuntura electoral se presenta como el escenario idóneo para incorporar una agenda legislativa integral que modernice el marco regulatorio sectorial y garantice el dinamismo económico sin desmedro de los derechos de los administrados.
Uno de los puntos más críticos radica en la etapa de preventa inmobiliaria, entendida como la fase de comercialización de unidades inmobiliarias futuras donde el adquirente efectúa pagos anticipados antes de la culminación de la edificación. En el sistema actual, existe una evidente asimetría contractual entre las empresas constructoras y los compradores, debido a la ausencia de mecanismos financieros obligatorios, tales como fideicomisos, seguros de cumplimiento o garantías bancarias, que aseguren la devolución inmediata del capital aportado en caso de insolvencia del promotor o abandono de las obras. Esta vulnerabilidad se agrava al constatar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, carece de facultades coercitivas para imponer restituciones patrimoniales directas en la vía ejecutiva, limitándose su actuación al ámbito administrativo mediante la imposición de multas sancionadoras.
Asimismo, el ejercicio del derecho de propiedad se encuentra obstaculizado por la dispersión normativa existente en materia de restitución de bienes. Actualmente, la pluralidad de procedimientos de desalojo genera inseguridad procesal y retardos injustificados en los tribunales y notarías. Los propietarios que deciden arrendar sus inmuebles deben navegar entre el proceso de desalojo clásico regulado en el Código Procesal Civil, el denominado Desalojo Express previsto en la Ley 30201, el régimen especial del Decreto Legislativo 1177 y el desalojo con intervención notarial establecido por la Ley 30933. Esta fragmentación estatal y la divergencia de criterios respecto a los plazos, requisitos y medidas cautelares aplicables hacen indispensable la unificación del procedimiento en un texto único que brinde predictibilidad jurídica a los arrendadores frente a la morosidad.
Por último, la gobernanza interna de las edificaciones y condominios también requiere una intervención legislativa orientada a facilitar la formalización y renovación de las juntas de propietarios. Es necesario optimizar las reglas de convocatoria y quórum para mitigar prácticas que buscan la perpetuación de los presidentes en sus cargos, asegurando que cuando un ciudadano asuma la condición de ex presidente de la junta, se facilite el relevo institucional sin obstáculos corporativos. Para fortalecer la convivencia en la propiedad exclusiva y propiedad común, la reforma legal debe dotar a las directivas de procedimientos de cobranza acelerados con carácter de título ejecutivo, reduciendo la necesidad de iniciar juicios prolongados para obtener el pago de cuotas de mantenimiento e impidiendo el desabastecimiento de los fondos destinados a la seguridad y conservación del inmueble.
