En un esfuerzo por modernizar la gestión estatal y robustecer el marco institucional tecnológico, la Presidencia del Consejo de Ministros ha oficializado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026–2030, identificada bajo las siglas ENIA. Esta medida, ratificada mediante la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM, establece las directrices fundamentales para la integración de sistemas algorítmicos en la administración pública. Es pertinente precisar que, en el ámbito del derecho administrativo, esta estrategia se constituye como una norma de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que integran la administración pública y las empresas del Estado, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en su calidad de ente rector.
La implementación de la ENIA no es un proceso aislado, sino que se encuentra intrínsecamente vinculada a principios jurídicos de protección de datos personales, seguridad de la información y ética pública. Para efectos de esta normativa, la estrategia se define como un marco articulador que busca la eficiencia operativa mediante el uso de inteligencia artificial, siempre bajo la supervisión del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En términos legales, esto implica que cada institución tiene el deber de formular un Plan de Acción de Inteligencia Artificial, un instrumento de gestión que debe contener diagnósticos técnicos, indicadores de desempeño y cronogramas de ejecución con una proyección mínima de tres ejercicios fiscales.
Un aspecto innovador en la estructura orgánica de las entidades estatales es la creación del Oficial de Inteligencia Artificial. Este nuevo rol jurídico-técnico asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los estándares éticos y la correcta ejecución de los proyectos institucionales. La designación de este oficial responde a la necesidad de centralizar la supervisión y garantizar que la adopción tecnológica no contravenga el ordenamiento legal vigente. Esta figura será determinante tanto en el nivel sectorial como en los gobiernos regionales, asegurando una implementación descentralizada pero uniforme de la política digital.
Finalmente, la resolución contempla la creación del Catálogo IA Perú, concebido como una plataforma de transparencia activa que albergará modelos y datos bajo principios de acceso abierto. Este repositorio colaborativo tiene como finalidad permitir la fiscalización ciudadana y el intercambio de métricas entre diversas entidades. Con la entrada en vigor de esta norma, el Estado peruano busca garantizar que la evolución tecnológica se desarrolle dentro de los cauces del derecho, promoviendo espacios de diálogo multisectorial para la mejora progresiva de la gobernanza algorítmica nacional, marcando un hito en la agenda de transformación digital.
