En un esfuerzo por optimizar la gestión pública y restaurar la eficiencia en la ejecución presupuestal, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ha resaltado la trascendencia del nuevo cuerpo normativo que rige la Ley de Obras por Impuestos. Esta reforma, cuya aprobación se materializó mediante el Decreto Supremo publicado el 14 de marzo de 2026 y entró en vigor tras su promulgación oficial ese mismo día, busca mitigar la parálisis de infraestructura crítica que ha postergado el desarrollo de los derechos fundamentales en el territorio nacional.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros subrayó que el Ejecutivo ha validado un marco jurídico diseñado específicamente para el destrabe de proyectos en sectores sensibles como salud, educación y saneamiento. Al respecto, el nuevo reglamento introduce definiciones operativas cruciales, entre las que destaca la de Proyecto de Continuidad, entendida como aquella unidad de inversión que cuenta con ejecución física iniciada pero que se encuentra en situación de abandono o paralización técnica. Asimismo, se ha precisado el concepto de Habilitación Presupuestal Prioritaria, que faculta a las entidades a reorientar recursos de estudios preliminares hacia la culminación inmediata de infraestructuras preexistentes.
En el ámbito de la predictibilidad jurídica, las disposiciones emitidas establecen al principio de obligatoriedad en el financiamiento de liquidaciones de obra. Esto implica que las entidades de los tres niveles de gobierno no podrán postergar la entrega de certificados de inversión si la obra cumple con los estándares de calidad pactados, garantizando así la seguridad jurídica para el sector privado y evitando la acumulación de pasivos administrativos.
La estrategia se complementa con el Decreto de Urgencia 001-2026, el cual permite una redistribución dinámica del gasto público hacia los gobiernos locales. Esta norma no solo inyecta liquidez mediante el incremento del FONCOMUN, sino que establece una jerarquía de gasto donde la culminación de la planta física tiene preeminencia sobre el inicio de nuevas carteras de inversión. Con más de 12,000 proyectos en situación de vulnerabilidad financiera, el Gobierno proyecta que este nuevo reglamento sea el catalizador para que la inversión se traduzca en servicios efectivos para la ciudadanía.
El enfoque gubernamental, alejado de la discrecionalidad política, se centra en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución para asegurar que cada sol del erario público cumpla su fin social, transformando infraestructuras inertes en sistemas operativos de agua, conectividad y energía para las poblaciones más desatendidas del país.
