En un esfuerzo por modernizar la gestión de información y fortalecer la eficiencia en el ámbito jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la Resolución Administrativa N° 000112-2026-CE-PJ, mediante la cual se aprueba la creación del Servicio de Consulta Nacional de Antecedentes Procesales. Esta iniciativa institucional surge con el propósito fundamental de dotar a los magistrados que conocen materias de competencia penal de una herramienta informática que centralice información procesal oportuna y fidedigna. Los datos que alimentarán este sistema provienen de los registros alojados en los Sistemas Integrados Judiciales a nivel nacional, permitiendo una visión consolidada del iter procesal de los justiciables.
Desde una perspectiva jurídica, el Servicio de Consulta Nacional de Antecedentes Procesales se define como un mecanismo de soporte técnico-administrativo diseñado para optimizar el acceso a la data contenida en los expedientes judiciales. La norma establece que este servicio será administrado por la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario, bajo la supervisión de la Gerencia de Servicios Judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial. Es imperativo precisar que la información suministrada posee un carácter estrictamente administrativo e institucional. Lo anterior implica que, en observancia estricta del modelo procesal penal acusatorio, estos registros no podrán ser empleados para fines de control judicial o para la dirección del proceso, salvaguardando así la imparcialidad y las garantías constitucionales de las partes.
La implementación de este servicio se ha estructurado de manera gradual. En su etapa inicial, el alcance será nacional pero restringido a los órganos jurisdiccionales con competencia en el área penal. No obstante, el Consejo Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de una expansión progresiva hacia otras especialidades jurisdiccionales, siempre que se verifiquen criterios de necesidad, demanda e impacto institucional. Para garantizar la viabilidad operativa de este proyecto, la Gerencia de Tecnologías de Información del Poder Judicial, en colaboración con las áreas usuarias, evaluará el desarrollo de un módulo especializado dentro del Sistema Integrado Judicial que permita perfeccionar el acceso directo a la información procesal.
Finalmente, cabe destacar que la presente disposición administrativa se alinea con la búsqueda de una justicia más célere y articulada. La unificación de antecedentes procesales bajo una plataforma consolidada representa un avance significativo en la interoperabilidad interna de la institución. Según se desprende de la resolución, todos los lineamientos operativos y de uso se regirán por el informe técnico que sustenta su creación, asegurando que el uso de la tecnología sea un aliado del debido proceso y una herramienta que facilite la labor de los jueces en la administración de justicia.
