El sistema de justicia penal en el Perú enfrenta un debate profundo respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional otorgada a los animales domésticos y silvestres. La reciente sentencia condenatoria emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia del Distrito Judicial de Lambayeque contra el sujeto, responsable del deceso del can conocido como Lalito, ha puesto de manifiesto las limitaciones procesales y sustantivas vigentes. El sentenciado recibió una pena de dos años y seis meses de privación de la libertad con el carácter de suspendida por la comisión de actos de crueldad, un resultado que genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones cuando se vulnera la vida de un ser sintiente.
El hecho delictivo, perpetrado mediante el uso de un arma blanca tipo machete que ocasionó una herida mortal de veinte centímetros en la región craneal del animal, se suscitó en el mercado Centenario del distrito de Santa Rosa. Más allá de la gravedad de la conducta descrita en el tipo penal, el itinerario procesal estuvo caracterizado por anomalías institucionales. En la etapa inicial, los efectivos de la dependencia policial correspondiente manifestaron una negativa a recepcionar la denuncia respectiva, argumentando el desconocimiento de la normativa vigente y sosteniendo equívocamente que el espécimen carecía de relevancia jurídica. A esta omisión de los deberes funcionales se sumaron conductas hostiles contra la denunciante y su defensa técnica, además de una errónea calificación procesal que consideró a la propietaria en calidad de simple testigo y no como parte agraviada, restringiendo sus facultades de contradicción y acceso pleno a los recursos de la justicia.
Desde la perspectiva del derecho sustantivo, el marco normativo actual presenta deficiencias que facilitan la impunidad. El artículo 206-A del Código Penal peruano, introducido en concordancia con los lineamientos de la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, reprime los actos de crueldad con resultado de muerte con penas que oscilan entre uno y tres años de privación de libertad. Al no superar el umbral de los cuatro años de sanción punitiva, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para dictar la suspensión de la ejecución de la pena. Esta configuración legislativa genera un incentivo adverso para la reincidencia, toda vez que las consecuencias jurídicas no se traducen en un internamiento efectivo en un centro penitenciario, desnaturalizando la función preventiva general de la pena.
Frente a este escenario, la Ley 30407, constituyó un hito al consagrar la definición de los animales como seres sintientes, imponiendo obligaciones de protección tanto al aparato estatal como a los administrados. Dicho cuerpo normativo prohíbe taxativamente la causación de dolor, sufrimiento, lesiones o muerte sin justificación, el abandono en la vía pública, la privación de necesidades básicas como alimentación, agua, refugio y asistencia veterinaria, las intervenciones quirúrgicas de carácter estético, la explotación comercial y la organización de espectáculos incompatibles con la naturaleza animal. No obstante, la judicatura tropieza constantemente con barreras culturales y de interpretación técnica. El argumento de defensa ensayado por el sentenciado, quien adujo haber actuado con el propósito de cautelar un bien comercial por un presunto desapoderamiento de productos cárnicos, colisiona con la doctrina contemporánea, la cual preceptúa que el bien jurídico protegido en estos tipos penales no es el patrimonio o los derechos de propiedad del titular, sino la integridad física y psíquica del animal en sí mismo.
La dogmática penal exige en estos supuestos la acreditación del dolo, debiendo el Ministerio Público demostrar que el agente, al emplear un elemento punzocortante dirigido a zonas vitales del can, actuó con dolo directo o, cuando menos, con dolo eventual, asumiendo y aceptando el resultado letal. La justificación de la respuesta punitiva estatal también halla sustento en vertientes de la etología y la neurociencia que convalidan la sintiencia animal. Asimismo, se apoya en corrientes filosóficas y jurídicas como el utilitarismo de Jeremy Bentham, que desplaza el foco de la racionalidad hacia la capacidad de sufrir; el enfoque de derechos de Tom Regan, que califica a los animales como sujetos de una vida con valor inherente; y el bienestarismo, que estructura las denominadas cinco libertades referidas a la ausencia de hambre, incomodidades físicas, dolores, temores y la libertad de manifestar un comportamiento natural.
El deceso de Lalito, un can de naturaleza comunitaria arraigado en el entorno comercial local, provocó una severa afectación en el tejido social de la comunidad de Santa Rosa, manifestada en estados de alteración emocional, polarización entre sectores vecinales y una creciente desconfianza institucional. Cuando los órganos de persecución penal y los juzgados especializados no actúan con la debida celeridad o imponen sanciones que la colectividad percibe como benévolas, se corre el riesgo de normalizar las conductas delictivas interlesivas o de propiciar la justicia por mano propia. La problemática se agudiza en el caso de especímenes en situación de calle, los cuales, al carecer de un representante legal formal, quedan expuestos a una situación de indefensión jurídica, requiriendo la intervención de terceros o la actuación de oficio de los representantes del Ministerio Público.
A fin de revertir las debilidades del sistema de protección penal, el Poder Legislativo ha evaluado iniciativas orientadas a reformar el catálogo de penas. La aprobación de un dictamen por parte del Congreso de la República plantea la incorporación de agravantes específicas y el incremento de las sanciones punitivas, permitiendo establecer penas que van desde los ocho hasta los doce años de penitenciaría efectiva en casos que involucren extrema crueldad, actos de agresión sexual y muerte de fauna doméstica o silvestre. Esta modificación del panorama legal busca corregir la desproporcionalidad penal evidenciada en el proceso penal contra el sujeto, garantizando que el texto del artículo 206-A del Código Penal posea una conminación penal mínima lo suficientemente rigurosa como para asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas, consolidando así el reconocimiento de los animales como sujetos de especial tutela por parte del Estado.
