En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, el reciente debate presidencial desarrollado el 25 de marzo de 2026 ha puesto sobre el tapete diversas estrategias de política criminal y reforma estatal. Las disertaciones de los candidatos no solo buscan captar la voluntad popular, sino que plantean modificaciones sustanciales al ordenamiento jurídico vigente, proponiendo desde la reestructuración de organismos autónomos hasta la evaluación de la permanencia del Estado peruano en tratados internacionales de derechos humanos.
Restauración del Orden Interno y Revisión de Tratados Internacionales: Fuerza Popular
La postura de la agrupación liderada por Keiko Fujimori se fundamenta en la recuperación de la seguridad pública mediante la aplicación de una política de severidad punitiva. Entre sus propuestas destaca la posibilidad de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implicaría el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida, según la candidata, no se orienta a la instauración de la pena de muerte, sino a la habilitación de mecanismos procesales específicos como la reactivación de los órganos jurisdiccionales con reserva de identidad, conocidos doctrinariamente como jueces sin rostro, para salvaguardar la integridad de los magistrados.
Asimismo, en el ámbito de la ejecución penal, se propone una reforma reglamentaria para que los internos bajo régimen penitenciario realicen labores obligatorias que financien su propio sostenimiento alimentario. En materia de integridad, su plan de gobierno plantea un shock de transparencia que involucre la simplificación administrativa y la digitalización integral de los expedientes estatales, junto con una reforma del sistema de justicia dirigida a optimizar la persecución penal de los delitos comunes y el crimen organizado, evitando la instrumentalización política del Ministerio Público.
Pacificación del Vraem y Reformas Estrictas contra la Corrupción: Alianza Electoral Venceremos
El candidato Ronald Atencio centra su estrategia de seguridad en la desarticulación de grupos terroristas y el narcotráfico en zonas de conflicto. Su propuesta jurídica incluye el levantamiento del estado de emergencia en el Vraem, exceptuando sectores focalizados como Vizcatán, bajo un mandato de eficacia operativa con un plazo de caducidad de seis meses para que las Fuerzas Armadas logren la captura de los remanentes terroristas. Este planteamiento busca la normalización del régimen constitucional en la zona y el fin de la estigmatización territorial.
En el eje de lucha contra la corrupción, Atencio propone una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua en delitos contra la administración pública, así como la inhabilitación perpetua y la muerte civil para sujetos sentenciados por estos ilícitos. Para la ejecución de estas políticas, plantea la creación de un comando de aniquilamiento contra la corrupción, una unidad de carácter híbrido que integraría a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la sociedad civil organizada y las rondas campesinas. En el sector salud, su plataforma aboga por la unificación del sistema prestacional, eliminando seguros privados para funcionarios públicos en favor de una industria farmacéutica estatal.
Inteligencia Estratégica y Reorganización de Organismos Constitucionales: Partido Morado
La propuesta de Mesías Guevara se articula sobre la base de la modernización tecnológica y la reforma institucional. Su plan operativo contempla la creación de un comando especial contra el sicariato y la extorsión, apoyado en unidades de contrainteligencia y la depuración del personal policial y judicial. En el ámbito legislativo, el candidato se compromete a la derogación de dispositivos legales calificados como procrimen y a la intervención administrativa de la Sucamec para endurecer el control de armas de fuego en el territorio nacional.
Para el fortalecimiento de la probidad pública, Guevara plantea la creación de un sistema nacional de corruptos bajo la tipificación de traidores a la patria. Esta reforma vendría acompañada de una reorganización profunda de entidades clave como la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera. Su enfoque de prevención de riesgos incluye la descentralización de la gestión de desastres, otorgando autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales y transformando el rol del COEN y los COER de entes receptores de información a ejecutores de medidas preventivas, tales como la descolmatación de cauces y la protección de infraestructuras viales mediante el uso de tecnología satelital.
