La explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia en el Perú ha ingresado formalmente al ámbito del Estado de derecho mediante la promulgación de la Ley N.° 31557 y sus respectivas disposiciones modificatorias. Este marco normativo es considerado un hito en el ordenamiento jurídico nacional, toda vez que regula de manera integral una actividad económica de la economía digital que cuenta con una demanda persistente y relativamente inelástica, la cual experimenta un incremento significativo durante el desarrollo de grandes eventos deportivos internacionales. La relevancia de esta legislación trasciende el ámbito administrativo ordinario, incidiendo de forma directa en la armonización de diversos derechos fundamentales y en los principios de la economía social de mercado reconocidos por la Constitución Política del Perú.
Desde una perspectiva del derecho constitucional, la nueva regulación impacta positivamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto el juego representa una manifestación del uso del tiempo libre y de la autonomía individual, vinculándose estrechamente con el derecho al ocio y a la recreación. Asimismo, la norma viabiliza el ejercicio de la libertad de empresa al permitir el desarrollo de una actividad económica lícita supeditada a una autorización estatal expresa. En esa misma línea, se garantiza la libertad de contratar entre los operadores, proveedores y consumidores, promoviendo la libre competencia mediante el establecimiento de reglas equitativas en el mercado, y se tutelan los derechos de los consumidores a través de la exigencia de información transparente, mecanismos eficaces de reclamación y herramientas orientadas al juego responsable.
No obstante, la implementación de esta política pública enfrenta complejos desafíos regulatorios, siendo el primero de ellos la lucha frontal contra el mercado negro. Los operadores ilegales, especialmente aquellos que pretenden ofrecer servicios desde el extranjero sin la debida autorización del Estado peruano, compiten con menores costos regulatorios y tributarios. El diseño de una política fiscal eficiente debe evitar imponer cargas excesivas o desproporcionadas a los operadores autorizados, ya que esto generaría incentivos económicos para que tanto las empresas como los usuarios migren hacia la informalidad. Actualmente, el esquema impositivo para los operadores formales en el país contempla los tributos generales de cualquier actividad empresarial, como el impuesto a la renta, sumado a un impuesto específico equivalente al 12% sobre la base imponible determinada por las ganancias brutas del juego, cuya carga efectiva asciende aproximadamente al 11.76% del Gross Gaming Revenue (GGR). Adicionalmente, se incorporó un impuesto selectivo al consumo (ISC) equivalente al 1% sobre el valor de cada apuesta realizada, configuración que, si bien se considera elevada, se mantiene dentro de los estándares de diversas jurisdicciones internacionales. Esta potestad tributaria del Estado debe respetar escrupulosamente los límites constitucionales de legalidad, razonabilidad, igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad.
El segundo gran desafío del sector radica en la preservación de la integridad de las competiciones deportivas. Esto exige el desarrollo de mecanismos eficaces para prevenir, detectar y sancionar la manipulación de resultados y otras modalidades de fraude deportivo, requiriendo una estrecha cooperación entre las autoridades regulatorias, los operadores, las organizaciones deportivas y los organismos internacionales especializados. Sobre esta materia, el Congreso de la República aprobó una iniciativa legislativa orientada a fortalecer las medidas contra el amaño de partidos; sin embargo, dicha propuesta fue observada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra pendiente de una eventual aprobación por insistencia en el Parlamento.
Finalmente, es de precisar que la Ley N.° 31557 no crea un supuesto derecho a apostar, sino que reconoce una actividad económica y social preexistente y desarrollada masivamente a través de internet. Su propósito es dotar a la industria de un marco jurídico que compatibilice las libertades individuales con fines estatales legítimos, tales como la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la transparencia y la recaudación fiscal. El éxito de la reforma regulatoria dependerá de alcanzar un equilibrio razonable que preserve la competitividad del mercado formal frente a la oferta ilegal, evitando un exceso regulatorio que termine por impulsar el crecimiento del mercado negro.
