El reciente debate presidencial ha dejado en evidencia las principales directrices programáticas de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuyo discurso plantea una profunda reestructuración en diversas ramas del ordenamiento jurídico y la gestión estatal. Desde una perspectiva del derecho constitucional y administrativo, sus propuestas se centran en la optimización de los servicios públicos esenciales, la reforma de los organismos reguladores y una redefinición de la política de seguridad ciudadana, todo ello bajo una visión que busca equilibrar el orden público con el desarrollo socioeconómico de la nación.
En el ámbito del fortalecimiento del Estado democrático, la postulante propone la implementación de los denominados Acuerdos País a País como un mecanismo de contratación internacional aplicable para garantizar el acceso al agua potable. Jurídicamente, este planteamiento impacta de forma directa en el derecho fundamental al agua y al saneamiento, reconocido en la legislación nacional, el cual es concebido como una condición indispensable para el ejercicio del derecho a la vida y a la dignidad humana. Asimismo, para mitigar las brechas sociales y la discriminación, se plantea una reforma educativa, complementada en el plano de la salud pública con la reactivación presupuestal del fondo para enfermedades de alto costo y la reestructuración del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria para asegurar la tutela judicial y social de la infancia frente al incremento de la anemia. En materia de educación superior, la propuesta de duplicar y ampliar el programa Beca 18 hacia carreras técnicas representa una medida de discriminación positiva orientada a garantizar el acceso a la educación, amparada en los principios de equidad y desarrollo social.
Por otro lado, la agenda en materia de seguridad ciudadana y justicia penal introduce planteamientos que exigen un riguroso examen a la luz de los derechos humanos y el derecho penitenciario. La propuesta de exigir que las personas privadas de la libertad trabajen para costear su sustento evoca el debate sobre los fines de la pena, orientados constitucionalmente hacia la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En paralelo, la fijación de las unidades de flagrancia como la piedra angular del sistema procesal busca optimizar la tutela jurisdiccional efectiva a través de juicios céleres y la aplicación del proceso inmediato frente a delitos flagrantes, como la extorsión. Respecto al control fronterizo y el orden interno, la iniciativa de delegar la custodia de las fronteras a las Fuerzas Armadas plantea una delimitación de competencias entre el poder policial y militar, una medida excepcional que el ordenamiento de emergencia prevé bajo supuestos de estricta necesidad pública.
Finalmente, el eje económico del discurso se fundamenta en el principio de seguridad jurídica como garantía para la inversión y la propiedad. La candidata anuncia una reforma integral de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, con el objetivo de transformar su naturaleza fiscalizadora y sancionadora hacia un enfoque promotor del empleo formal y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Esta flexibilización se complementaría con el otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades tributarias para el sector privado, así como con el destrabe de megaproyectos de infraestructura paralizados, como el proyecto Majes Siguas 2. Esta última medida implicaría la revisión de los contratos de concesión y las adendas correspondientes, con el fin de activar los mecanismos de desarrollo regional y revertir los índices de pobreza dentro del marco constitucional económico vigente.
