El escenario del debate presidencial ha institucionalizado una discusión sustancial respecto a la arquitectura constitucional del Estado peruano, evidenciando posiciones doctrinarias encontradas sobre el principio de separación de poderes y la eficacia de los mecanismos de democracia directa. En este contexto, la disertación del candidato por la agrupación política Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha formulado una severa crítica hacia la actual dinámica del régimen político, sosteniendo la tesis de que el modelo de gobierno representativo ha sufrido una subversión fáctica que afecta de manera directa la autonomía de los órganos constitucionales. Su discurso, articulado en torno a la necesidad de restituir el equilibrio de poderes, propone una revisión integral de la praxis estatal mediante una convocatoria a diversos sectores sociales, enfatizando la reintegración de prerrogativas fundamentales a la ciudadanía y planteando reformas en el ámbito punitivo, laboral y de asistencia económica y social.
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el cuestionamiento principal recae sobre las limitaciones impuestas al derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos. El debate ha puesto de relieve la supresión material del referéndum, concebido formalmente como un mecanismo de consulta popular directa y un pilar de la soberanía nacional. El candidato argumentó que las modificaciones relativas a esta institución jurídica contravienen la voluntad popular expresada anteriormente en las urnas, donde se manifestó un rechazo explícito a la implementación de la bicameralidad. Esta situación configura un escenario de análisis crítico para el Derecho Constitucional, por cuanto la desatención de los mandatos populares directos vulnera la seguridad jurídica y las bases dogmáticas del sistema democrático. En consecuencia, el planteamiento postula la urgencia de restaurar la plena vigencia de la consulta popular como un contrapeso legítimo frente a la actividad legislativa ordinaria del parlamento.
En el ámbito del Derecho Penal y la política criminal, la propuesta de reforma introduce modificaciones estructurales sustantivas orientadas a la persecución de la criminalidad organizada y los delitos contra la administración pública. Entre las medidas de mayor repercusión destaca el planteamiento de instaurar la inhabilitación perpetua, jurídicamente denominada muerte civil, aplicable a aquellos funcionarios públicos que incurran en conductas típicas de cohecho u otras modalidades delictivas asociadas a la corrupción. Asimismo, se propone una reestructuración orgánica de las fuerzas del orden mediante la creación de la Policía de Investigaciones, lo que implicaría un rediseño de las competencias en la etapa del esclarecimiento del delito. Este modelo prevé la inclusión y reconocimiento normativo de las rondas ronderas, comunidades campesinas y la sociedad civil como agentes coadyuvantes en el control del orden interno, planteando simultáneamente el saneamiento de las obligaciones económicas estatales mediante el pago de la deuda social y el incremento remunerativo para el personal de las fuerzas policiales.
En lo concerniente al Derecho Internacional Público y los Derechos Humanos, la plataforma electoral ratifica de forma expresa su adhesión al principio de convencionalidad y a la protección multinivel de los derechos. Esto se traduce en un respaldo manifiesto al fortalecimiento de la institucionalidad interamericana, comprometiéndose con los diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano, en especial aquellos vinculados a la tutela del medio ambiente, la libertad de expresión y la libertad de prensa. A nivel de políticas de Estado internas, el enfoque se desplaza hacia la erradicación de conductas discriminatorias y el racismo subsistente en la sociedad civil. La propuesta normativa prescribe el diseño e implementación de un enfoque intercultural obligatorio dentro de la política educativa nacional, persiguiendo la efectivización del principio de igualdad ante la ley y la proscripción de toda forma de marginación histórica.
Las prestaciones sociales relativas al Derecho a la Educación y el Derecho a la Salud son tratadas bajo la conceptualización de servicios fundamentales inherentes a la dignidad humana. En materia de educación superior, se plantea una reforma de carácter universal y prestacional, proponiendo la gratuidad y el acceso libre como un derecho subjetivo exigible, fundamentado en el diagnóstico fáctico de que únicamente el treinta por ciento de la población juvenil con de aptitud para ingresar al sistema universitario logra formalizar dicha incorporación. En relación con el sistema de salud pública, se propone un modelo de cobertura universal asistencial y gratuita, estructurado operativamente sobre la base de la implementación y puesta en funcionamiento de quinientos policlínicos destinados al despliegue del personal médico en el ámbito de la atención primaria y de campo.
El segmento económico y laboral del programa de gobierno se sustenta en una intervención regulatoria respecto a las condiciones mínimas de contratación y la dinamización del mercado interno. Destaca la propuesta de incrementar la remuneración mínima vital, elevando el estipendio legal de los mil ciento ciento treinta soles vigentes a la suma de mil quinientos soles, bajo el argumento socioeconómico de la insuficiencia del poder adquisitivo actual de la clase trabajadora frente a la canasta básica familiar. No obstante, en un esfuerzo por mantener la predictibilidad macroeconómica y la seguridad jurídica para las inversiones, se ha ratificado el estricto respeto a la autonomía técnica y administrativa del Banco Central de Reserva del Perú, garantizándose explícitamente la continuidad de su presidente, el economista Julio Velarde. Como medida de fomento económico y apoyo al sector de la producción, se proyecta la constitución de un fondo estatal dotado de quince mil millones de soles, cuyo objeto exclusivo será la provisión de créditos accesibles y asistencia técnica especializada para las micro y pequeñas empresas y los emprendedores.
Finalmente, el debate concluyó con un llamamiento hacia la construcción de un consenso nacional multipartidario y moral, con el propósito expreso de revertir el menoscabo institucional denunciado. Se argumentó la existencia de un quiebre en la separación de poderes perpetrado por sectores calificados como desestabilizadores, acusándolos de coactar el sistema de administración de justicia mediante regulaciones anómalas en los procesos de nombramiento de magistrados. En este escenario de polarización, el plan de gobierno expuesto, que incluye como premisa de antecedentes la gestión previa del expresidente Jeri, busca configurar una plataforma de convergencia jurídica y política con fuerzas de diversa afiliación ideológica, orientada a la restauración del orden constitucional, la preservación del Estado de derecho y la estabilización institucional de la República.
