En el ámbito del derecho internacional y la protección de los derechos humanos, la coherencia en los registros estatales no es un mero formalismo técnico, sino un requisito indispensable para salvaguardar la vida. Actualmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su condición de ente rector de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, tiene el mandato normativo de liderar la integración de los sistemas de información sobre esta materia, en estrecha articulación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sin embargo, la realidad operativa actual revela una profunda desarticulación, donde la información se encuentra atrapada en compartimentos estancos que impiden el diálogo sistemático entre las instituciones encargadas de la persecución penal y la protección tutelar. Esta fragmentación institucional, lejos de ser un error menor, constituye un síntoma crítico que obstaculiza la visualización de la ruta crítica del peligro que enfrentan las víctimas.
La gravedad de esta desconexión se evidencia al contrastar los datos oficiales correspondientes al mes de enero de 2026, periodo en el que el Estado peruano reportó cifras abiertamente contradictorias sobre feminicidios: la Defensoría del Pueblo registró cuatro casos, mientras que el Programa Warmi Nan (denominación actual del anterior programa Aurora) reportó siete. Esta discrepancia metodológica no es un fenómeno aislado del presente año, pues durante el primer semestre de 2025 la Defensoría del Pueblo contabilizó 78 feminicidios (lo que representó un incremento del 11.4% respecto al año anterior), mientras que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicando una metodología integrada, arrojó cifras distintas para el mismo periodo, y el Programa Warmi Nan cerró dicho año con 133 casos confirmados. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario donde tres instituciones estatales manejan tres registros disímiles para describir una única realidad jurídica y social que el Estado no logra divisar con total claridad.
Ante este diagnóstico, resulta imperativo la implementación en el Perú de un Sistema Unificado de Información sobre Violencia Feminicida, el cual consiste en poner en práctica el mandato de consolidación de la gestión de la información para las mujeres en situación de riesgo extremo. Este mecanismo se encuentra amparado normativamente en los lineamientos de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, cuyo objetivo primordial es mitigar la desigualdad y la discriminación estructural en el ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, este sistema unificado halla respaldo en el derecho a la vida consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional que impone a los Estados la obligación positiva de prevenir de manera oportuna la pérdida previsible de vidas humanas. De igual forma, la propia política multisectorial nacional exige que el aparato estatal actúe de forma articulada para garantizar un acceso efectivo a la justicia, permitiendo que cada registro administrativo funcione como un insumo preventivo viable.
La necesidad de interoperabilidad se vuelve aún más evidente al analizar el vínculo crítico existente entre los reportes de desaparición y el desenlace del feminicidio. Las estadísticas del año 2025 revelan que entre enero y julio se reportaron más de 12,000 personas desaparecidas en el territorio nacional. De manera alarmante, 28 de las mujeres que fueron asesinadas durante ese año contaban con una denuncia previa por desaparición ante las autoridades, lo que demuestra que el Estado tuvo la oportunidad jurídica y fáctica de intervenir, pero la alerta de búsqueda no se comunicó a tiempo a los operadores de justicia debido a las barreras burocráticas. Sin una interoperabilidad obligatoria entre las bases de datos de las comisarías y los Centros de Emergencia Mujer, la burocracia estatal termina actuando como un cómplice involuntario de la impunidad criminal, neutralizando la voluntad individual de los funcionarios públicos encargados de cada sector.
El diseño de este sistema unificado no requiere la creación de nuevas estructuras orgánicas ni la invención de herramientas inéditas, sino la obligación legal de que las instituciones compartan la información que ya poseen de manera interoperable y con estándares estrictos de calidad de datos. En términos de análisis de eficiencia del gasto público, las estimaciones del Banco Mundial señalan que los costos derivados de la violencia de género equivalen al 3.7% del Producto Bruto Interno peruano, mientras que la inversión proyectada para la implementación del sistema unificado se calcula entre cinco y diez millones de dólares. Esta cifra representa una fracción ínfima en comparación con el costo social y económico de la inacción estatal. La meta de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos es ambiciosa, pues busca reducir el índice de vulnerabilidad de la población femenina (el cual unifica 23 indicadores de acceso a servicios, educación y condiciones de vida) de un 37.60 registrado en 2022 a un 19.48 para el año 2040. No obstante, alcanzar dicho horizonte normativo será inviable si el Estado no transita hacia una verdad unificada basada en datos confiables, compartidos y fiscalizables.
