El Jurado Nacional de Elecciones ha formalizado las condiciones bajo las cuales se ejecutará el debate presidencial de segunda vuelta entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el domingo 31 de mayo de 2026. Este acto, lejos de constituir un mero encuentro mediático, se configura jurídicamente como una garantía de transparencia y un mecanismo de control de convencionalidad implícito, destinado a dotar al electorado de los elementos necesarios para el ejercicio de un voto informado. Desde una perspectiva del derecho electoral, la obligatoriedad del debate no solo responde a directrices reglamentarias, sino a la materialización del principio de máxima publicidad y al derecho de participación política de la ciudadanía, ambos reconocidos en el bloque de constitucionalidad peruano. No obstante, la rigidez con la que las organizaciones políticas han pactado los formatos invita a un análisis crítico sobre si estas estructuras permiten un verdadero escrutinio de los planes de gobierno o si terminan encasillando la confrontación de ideas en formulas excesivamente predecibles.
El marco metodológico establecido para esta contienda electoral contempla cuatro ejes temáticos fundamentales que aglutinan las principales demandas de la agenda pública. El primer bloque se centrará en seguridad ciudadana, un ámbito donde el derecho penal sustantivo y la política criminal del Estado resultan determinantes para salvaguardar el orden interno. El segundo eje abordará el fortalecimiento del Estado democrático y los derechos humanos, categoría jurídica que ampara la tutela jurisdiccional efectiva, la separación de poderes y el respeto irrestricto a los tratados internacionales. Los dos bloques restantes comprenderán educación y salud, considerados derechos sociales prestacionales por nuestra normativa constitucional, y finalmente, economía, empleo y reducción de la pobreza, temas vinculados directamente al régimen económico constitucional y a la seguridad jurídica de las inversiones. La definición de estas materias de interés público constituye el núcleo sustancial sobre el cual los aspirantes al Poder Ejecutivo deberán estructurar la viabilidad jurídica y presupuestaria de sus futuras directrices gubernamentales.
Respecto a la instrumentalización del debate, la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, ha confirmado que la jornada se iniciará a las veinte horas en el Centro de Convenciones de Lima, previendo una duración aproximada de entre una hora y cuarenta minutos a un máximo de tres horas debido a las exigencias técnicas del formato televisivo. En términos formales, las reglas de juego aprobadas por las agrupaciones políticas estipulan una metodología mixta. Esta herramienta procesal combina el uso de un bolsón de tiempo, figura que otorga a cada candidato un Nº cerrado de minutos para la libre exposición y réplica de sus posturas individuales, con una apertura de diálogo estimulada por una pregunta ciudadana. Esta última modalidad se gestionará a través de la campaña institucional Participa y decide, mecanismo que busca democratizar el proceso mediante la elección de una pregunta proveniente de la sociedad civil por cada eje temático, lo que dota al formato de un componente de legitimidad participativa directa.
La crítica académica y jurídica a este modelo de debate radica a menudo en el riesgo de que el exceso de reglamentación y los consensos multipartidarios previos terminen limitando la espontaneidad y la contraargumentación jurídica profunda, transformando el espacio en un monólogo sucesivo más que en una verdadera contradicción procesal de planes técnicos. En ese sentido, resulta medular el rol que desempeñarán los periodistas, quienes han sido designados como los moderadores de la jornada. En ellos recae la potestad de dirigir el debate, encauzar las interrupciones y velar por el cumplimiento estricto del tiempo pactado, una función de arbitraje electoral indirecto que busca garantizar el principio de igualdad de armas entre los contendientes, evitando que las prerrogativas de tiempo favorezcan de forma arbitraria a cualquiera de las partes.
De manera complementaria, el cronograma electoral ha previsto una estación previa de alta relevancia técnica para el domingo 24 de mayo a las veinte horas, la cual se desarrollará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en el jirón Nasca quinientos noventa y ocho, en el distrito de Jesús María. Este encuentro específico convocará a los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas, representados por un experto acreditado por cada uno de los seis temas seleccionados para dicha fecha: infraestructura; reforma del Estado; agricultura y medio ambiente; economía y generación del empleo; salud; y finalmente, juventud y deportes. Este debate técnico, ostenta una relevancia jurídica crucial, dado que en este espacio se deben desglosar las reformas legislativas, la viabilidad normativa y la sostenibilidad fiscal que sustentan las promesas de la cúspide presidencial. La fiscalización de estos equipos permite determinar la solidez institucional de los partidos, restando espacio a la demagogia legislativa y asegurando que las propuestas guarden coherencia con los principios rectores de la administración pública.
