La administración tributaria ha emitido recientemente una postura que redefine el impacto económico para las empresas dedicadas a la importación y comercialización de combustibles. A través del Informe Nº000017-2026-Sunat/7T0000, la SUNAT ha establecido un criterio determinante respecto al Impuesto al Rodaje, tributo que grava las gasolinas con una tasa del ocho por ciento tanto en las operaciones de importación como en la venta local. Esta decisión administrativa ha generado una preocupación técnica en el sector, ya que plantea un escenario donde el crédito fiscal derivado de este impuesto podría desnaturalizarse, transformándose en un costo definitivo para los contribuyentes.
Para comprender la relevancia de este pronunciamiento, es necesario precisar que el Impuesto al Rodaje está diseñado bajo una lógica de neutralidad tributaria. La normativa vigente faculta a los importadores a deducir el impuesto pagado en la aduana como un crédito fiscal contra el monto que corresponde abonar por la venta posterior del gasohol. El objetivo jurídico de este mecanismo es evitar la doble imposición, asegurando que el tributo se aplique una sola vez sobre el mismo producto a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, la estructura del cálculo presenta una asimetría técnica: mientras que en la importación el impuesto se determina sobre el valor CIF aduanero, que incluye costo, seguro y flete, en la etapa de comercialización interna se calcula sobre el precio de salida de planta.
El conflicto jurídico surge precisamente en este punto de la liquidación tributaria. Debido a las diferencias en la base imponible, es frecuente que el impuesto abonado inicialmente en la importación resulte superior al impuesto generado por la venta local, creando un excedente a favor del importador. Ante la consulta sobre si este saldo a favor puede ser aplicado en los ejercicios subsiguientes, la SUNAT ha concluido que no existe autorización legal para el arrastre del saldo de este tributo hacia periodos posteriores. En términos estrictamente jurídicos, esto implica que cualquier crédito que no sea utilizado de forma inmediata en el mes correspondiente se extingue, obligando a las empresas a asumir dicho monto como un gasto o costo tributario adicional.
Esta interpretación de la autoridad tributaria evidencia una limitación en el diseño legal del impuesto que podría afectar la eficiencia de la cadena de suministro de combustibles. En un mercado con márgenes sensibles a las fluctuaciones internacionales, la imposibilidad de recuperar el crédito fiscal no solo impacta en la predictibilidad de la inversión, sino que eventualmente podría trasladarse al consumidor final. Desde la perspectiva de la técnica normativa, la solución para preservar la coherencia del sistema consistiría en una reforma que permita el arrastre de saldos, siguiendo el modelo de otros tributos indirectos como el Impuesto General a las Ventas, garantizando así un marco de estabilidad y justicia tributaria.
