La Comisión de Defensa del Congreso de la República ha marcado un hito en la regulación de la fuerza pública al aprobar por unanimidad, con un total de diecinueve votos a favor, el dictamen que propone la modificación del Decreto Legislativo 1267, conocido como la Ley de la Policía Nacional del Perú. Esta iniciativa legislativa busca instaurar el uso obligatorio de cámaras corporales en las intervenciones policiales, estableciendo un marco normativo que garantiza la implementación progresiva de estos dispositivos. El objeto central de esta reforma es dotar al personal policial de herramientas tecnológicas durante sus actuaciones en la vía pública o en cualquier escenario que pudiese suscitar controversias jurídicas, asegurando así un registro fidedigno de los hechos.
Desde una perspectiva de técnica jurídica, la incorporación de estos dispositivos representa un avance significativo en la configuración del sistema probatorio penal. La implementación de cámaras de cuerpo permite la obtención de evidencia objetiva, la cual resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos en los procesos judiciales y para la resolución expedita de quejas o denuncias administrativas. Al respecto, la normativa aprobada se fundamenta en la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas, que es el deber legal de los servidores públicos de informar y justificar sus actos ante la autoridad y la ciudadanía. Asimismo, se busca potenciar la transparencia, entendida como el principio que garantiza el acceso a la información sobre las actuaciones del Estado, limitando los espacios de discrecionalidad absoluta.
El dictamen se sustenta en diversos análisis técnicos, entre los que destaca el informe del Instituto Nacional de Justicia. Este documento subraya que el registro audiovisual no solo funciona como un mecanismo de control, sino también como un instrumento de profesionalización. En términos de derecho procesal, las grabaciones constituyen un elemento de convicción determinante que mejora sustancialmente la calidad de las investigaciones fiscales. Además, la adopción de esta medida se alinea con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, promoviendo un ejercicio del poder de policía que sea eficaz y, sobre todo, respetuoso de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Se ha enfatizado que la utilización de estas herramientas tecnológicas genera beneficios que trascienden el ámbito estrictamente jurisdiccional, impactando positivamente en el ámbito social y económico. La norma proyectada define que el registro probatorio obtenido será esencial para proteger tanto al ciudadano de eventuales arbitrariedades como al propio efectivo policial frente a imputaciones infundadas. De esta forma, la modificación del Decreto Legislativo 1267 pretende consolidar un modelo de seguridad ciudadana basado en la objetividad y la confianza pública, asegurando que cada intervención en el espacio público cuente con un respaldo material imperturbable que sirva como fuente de verdad en el sistema de justicia.
