En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Libro, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha reportado un avance significativo en la formalización de la propiedad intelectual dentro del territorio nacional. La Dirección de Derecho de Autor de la referida entidad técnica informó que, durante el ejercicio anual 2025, se gestionaron 2,308 solicitudes de registro de obras literarias, cifra que representa un crecimiento del 24.6 por ciento en comparación con las 1,853 solicitudes del periodo 2024. Esta tendencia de protección jurídica se ha mantenido firme durante el primer trimestre de 2026, alcanzando ya las 773 solicitudes presentadas ante la autoridad administrativa, lo cual consolida una cultura de salvaguarda de los activos intangibles y el fortalecimiento de la industria editorial peruana.
El derecho de autor, piedra angular de este crecimiento, se define como el conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica. Al respecto, el registro administrativo ante el Indecopi no solo funciona como un mecanismo de publicidad, sino que constituye una herramienta fundamental para facilitar la defensa de estas creaciones, impulsando la circulación legal y garantizando que el valor económico y cultural retorne a sus titulares legítimos. El ente rector, ha enfatizado que estas cifras reflejan una mayor conciencia sobre la importancia de blindar la creatividad mediante los canales formales establecidos por el Estado.
Paralelamente a la promoción del registro, el Indecopi ha intensificado su exhortación para combatir la piratería editorial, entendida jurídicamente como la reproducción o distribución de obras protegidas sin la autorización expresa del titular de los derechos. La normativa vigente en la materia establece un régimen sancionador riguroso para quienes incurran en estas prácticas ilícitas, pudiendo imponerse multas administrativas que ascienden hasta las 180 Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, en el ámbito punitivo, las conductas que vulneren los derechos de propiedad intelectual pueden derivar en penas privativas de la libertad de hasta ocho años de prisión, lo que subraya la gravedad de la afectación a la cadena de valor del libro y al patrimonio de los autores.
Finalmente, la institución reafirma su compromiso con la integridad y la transparencia, instando a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los ejemplares adquiridos y a recurrir únicamente a canales de comercialización formal. El llamado no solo se dirige a los consumidores para evitar la adquisición de copias ilegales, sino también a los creadores para que continúen haciendo uso de las herramientas de registro como medida preventiva y de control. Con estas acciones, se busca consolidar un ecosistema editorial donde la protección jurídica sea el eje que permita el desarrollo sostenible de la producción literaria nacional y el respeto irrestricto a la propiedad intelectual.
