La reciente promulgación del Decreto Legislativo N.º 1716 introduce modificaciones sustanciales a la Ley Penal Tributaria, aprobada originalmente mediante el Decreto Legislativo N.º 813, con el objetivo de fortalecer la persecución penal del fraude fiscal en un entorno de creciente digitalización tributaria. Esta norma representa un cambio de paradigma en la estrategia del Estado peruano, elevando conductas que antes poseían un carácter predominantemente administrativo al ámbito del derecho penal, especialmente aquellas vinculadas a la facturación electrónica y al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). El dispositivo legal busca cerrar brechas operativas aprovechadas por empresas ficticias o sujetos sin capacidad operativa (SSCO), endureciendo el control sobre la veracidad de la información proporcionada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para habilitar la emisión de comprobantes de pago, guías de remisión y notas de crédito o débito.
Dentro de las innovaciones normativas más severas destaca la incorporación del artículo 5-E, el cual tipifica un nuevo delito relacionado con la falsificación o alteración de constancias de depósito de detracciones. Esta conducta es sancionada con penas privativas de la libertad que oscilan entre los cinco y ocho años, protegiendo la integridad del sistema de recaudación gestionado por la Sunat. Asimismo, se modifica el artículo 5-A de la Ley Penal Tributaria para sancionar con dos a cinco años de prisión a quienes proporcionen datos falsos para acceder a sistemas de facturación electrónica con el fin de generar gastos inexistentes o facilitar esquemas de evasión. Estas medidas exigen que las organizaciones refuercen sus protocolos de cumplimiento normativo y auditoría interna para mitigar riesgos derivados de la manipulación documental o la inexactitud en sus registros oficiales.
Un aspecto procedimental crítico introducido por esta reforma es la modificación del artículo 7 de la Ley Penal Tributaria, que agiliza el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Anteriormente, se requería un informe técnico detallado de la Sunat que incluyera una auditoría previa para determinar el monto del tributo omitido. Con el nuevo marco, para delitos específicos como la falsificación de constancias de detracciones o la información falsa en el registro de contribuyentes, la autoridad tributaria solo deberá emitir un «informe de hechos». Esta celeridad procesal permite que la investigación preparatoria avance sin detenerse por impugnaciones ante el Tribunal Fiscal, enviando un mensaje directo sobre la rigurosidad con la que se perseguirá el fraude tributario digital en la etapa actual.
En relación con el contexto del derecho laboral que complementa la actividad profesional, es pertinente señalar que la normativa peruana, como la Ley N.º 26566, vincula estrechamente el desempeño del trabajador con el mantenimiento de su estado físico y mental. En este sentido, se entienden como condiciones esenciales la capacidad para el descanso y reposo, entendidos como periodos necesarios para preservar la aptitud física óptima frente a las exigencias de la actividad profesional. La incapacidad física, por el contrario, representaría una alteración de este estado que impide el cumplimiento diligente de las prestaciones laborales contratadas. Por tanto, la transparencia en la gestión empresarial no solo abarca el cumplimiento de las nuevas disposiciones penales tributarias, sino también la observancia de las reglas de conducta y disciplina que garantizan la integridad de la fuerza laboral.
