En un contexto de constante evolución para el sistema fiscal nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas ha oficializado un ajuste normativo de gran relevancia para los administrados que generan rentas de tercera categoría. Mediante la reciente publicación del Decreto Supremo N.º 055-2026-EF se ha dispuesto la modificación sustancial del reglamento que rige el Decreto Legislativo N.º 1535. Esta disposición legal busca perfeccionar los mecanismos de calificación de los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones tributarias, aduaneras y no tributarias que se encuentran bajo la competencia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. El núcleo de esta reforma reside en la extensión de la fase de ensayo, incrementando de ocho a doce el número de calificaciones de prueba que la entidad fiscalizadora debe ejecutar de manera previa a la asignación definitiva del primer perfil de cumplimiento oficial.
Es imperativo precisar que el perfil de cumplimiento constituye una herramienta de segmentación jurídica y administrativa diseñada para calificar la conducta de los sujetos obligados en función a sus niveles de riesgo y acatamiento de las normas. Bajo la nueva arquitectura normativa, estas doce calificaciones de prueba se erigen como un periodo de evaluación extendido que permite al Ministerio de Economía y Finanzas analizar la idoneidad del reglamento actual y, de ser necesario, introducir ajustes técnicos que garanticen una implementación justa y eficiente. Durante este proceso, la Sunat evaluará las variables operativas y los comportamientos fiscales de las empresas, incluyendo a los contratos de colaboración empresarial o sus partes integrantes, bajo una metodología que busca la transparencia antes de que la calificación formal genere efectos jurídicos plenos en la esfera del contribuyente.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, se ha establecido que las citadas doce calificaciones de prueba poseerán una naturaleza estrictamente informativa. Esto implica, en estricto derecho, que tales evaluaciones carecerán de efectos jurídicos inmediatos sobre la situación legal del administrado, funcionando únicamente como un mecanismo de retroalimentación y ajuste del sistema. Los plazos establecidos para esta primera etapa de implementación se centran exclusivamente en los generadores de rentas de tercera categoría, marcando una hoja de ruta clara para la Administración Tributaria.
