La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha intensificado el uso de mecanismos de fiscalización indirecta como parte de una estrategia preventiva que responde, en medida considerable, al limitado cuerpo inspectivo que no alcanza los mil efectivos a nivel nacional. Estas comunicaciones, denominadas cartas inductivas y cartas disuasivas, buscan que el sujeto inspeccionado, en su calidad de empleador, proceda con la autorregulación y subsane posibles omisiones en el cumplimiento de la normativa sociolaboral antes de que se inicie un procedimiento sancionador formal. Aunque estas misivas no constituyen una sanción per se, su relevancia jurídica es alta debido a que el incumplimiento del requerimiento informativo puede derivar en la emisión de una orden de inspección directa por parte de la autoridad administrativa de trabajo.
En términos jurídicos, la carta inductiva es remitida por la Subdirección de Prevención y Asesoría, especificando que su naturaleza no es punitiva sino orientadora. Por el contrario, la carta disuasiva emana de la Subintendencia de Fiscalización y contiene un apercibimiento explícito: de no presentarse la documentación solicitada, se procederá con la fiscalización correspondiente. Esta distinción se extiende también a la dimensión temporal del debido procedimiento administrativo, pues los plazos para el administrado son más flexibles en el ámbito inductivo, otorgándose hasta treinta días hábiles, mientras que en la vía disuasiva el plazo se reduce a solo ocho días hábiles para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.
Un foco prioritario de estas acciones preventivas ha sido el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad, regulada bajo la premisa de que toda empresa privada con más de cincuenta trabajadores y que haya generado vacantes en el año fiscal debe contar con al menos un 3% de personal con discapacidad en su planilla. Jurídicamente, se establece como eximente de responsabilidad si el empleador acredita razones técnicas o riesgos intrínsecos al puesto de trabajo que impidan dicha contratación, o si demuestra haber canalizado ofertas no discriminatorias a través de la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No obstante, de no mediar estas justificaciones, la omisión se tipifica como una infracción grave sujeta a multas pecuniarias.
Asimismo, la Sunafil viene fiscalizando con rigor el registro del Seguro de Vida Ley, cuya contratación es obligatoria desde el primer día de la relación laboral según la normativa vigente, con la obligación accesoria de registrar dicho contrato en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo dentro de los treinta días naturales siguientes. Las recientes cartas disuasivas notificadas en el presente año han puesto especial énfasis en el personal ingresante desde enero de 2026 y en el análisis de los recibos por honorarios emitidos, buscando detectar posibles desnaturalizaciones de contratos civiles. Por tanto, resulta imperativo que los empleadores mantengan una vigilancia constante sobre su casilla electrónica para responder oportunamente a estos requerimientos y mitigar los riesgos de contingencias legales futuras.
