El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha formalizado la publicación del informe anual correspondiente al año 2025, el cual revela una cifra sin precedentes de 410,958 solicitudes tramitadas. Este documento, aprobado técnicamente y difundido en sede digital el 2 de abril de 2026, constituye un instrumento jurídico de supervisión que analiza el cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley 27806. La data, remitida por 539 entidades, confirma que el derecho de acceso a la información pública, entendido como la facultad de todo administrado de solicitar y recibir información que obre en poder de las entidades de la Administración Pública sin expresión de causa, alcanzó un nivel de atención del 98.5 por ciento, consolidando la transparencia pasiva como un eje rector del Estado.
El informe profundiza en la operatividad del régimen jurídico vigente, destacando que el Poder Ejecutivo centralizó el 51.8 por ciento de la carga procedimental. Un aspecto de especial relevancia para la dogmática administrativa es el incremento del 110.8 por ciento en las solicitudes dirigidas a municipalidades distritales, lo cual se asocia directamente a una mayor obligatoriedad en el reporte hacia la autoridad de transparencia. Los objetos de los pedidos de información se concentraron en las competencias funcionales de las entidades, tales como dictámenes, expedientes y opiniones técnicas, seguidos por el acceso a datos del personal jurisdiccional y administrativo, lo que abarca regímenes laborales y escalas remunerativas bajo el principio de publicidad de la planilla estatal.
Respecto al régimen sancionador y el deslinde de responsabilidades, la normativa establece la obligatoriedad de que el Funcionario Responsable de Atender las Solicitudes de Acceso a la Información traslade a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios cualquier conducta infractora del Funcionario Responsable del Área Poseedora de la Información. No obstante, el informe advierte una preocupante inacción procesal, pues solo el 7.1 por ciento de las entidades cumplió con dicha comunicación. La activación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores fue mínima, contabilizándose apenas 14 casos a nivel nacional, de los cuales solo un 7.1 por ciento derivó en una sanción efectiva, lo que subraya la necesidad de fortalecer la potestad disciplinaria frente a la omisión de funciones.
Finalmente, en lo relativo a la transparencia activa y la gestión de los Portales de Transparencia Estándar, supervisados en noviembre de 2025, se registró un cumplimiento promedio del 71 por ciento, lo que supone una mejora sustancial respecto al ejercicio anterior. El informe, que sirve como precedente vinculante para la toma de decisiones gubernamentales y la optimización de plazos en la entrega de información, identifica que el 39.8 por ciento de las solicitudes no satisfechas derivan de una deficiente articulación interna entre las áreas poseedoras.
