En un esfuerzo por consolidar la supremacía del interés público y el fortalecimiento de la paz social, el Ministerio del Interior ha formalizado un nuevo marco normativo de gestión institucional. Mediante la Resolución que valida el Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2028, la administración del ministro José Zapata Morante establece una hoja de ruta técnica para la mitigación del riesgo delictivo en el territorio nacional. Este instrumento de gestión no debe entenderse como una creación normativa ex novo, sino como una herramienta de operativización jurídica que dota de mayor eficacia al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad vigente, garantizando que las estrategias del Estado se traduzcan en resultados tangibles bajo el amparo de la legalidad y la eficiencia administrativa.
La génesis de este documento tuvo lugar durante la Primera Sesión 2026 de la Comisión Sectorial encargada del seguimiento del Plan Perú Seguro, órgano colegiado presidido por el viceministro de Seguridad Pública, Carlos Noé Guillén Enríquez. En dicho cónclave, se determinó que la promulgación de este plan sectorial actúa como un mecanismo de articulación interinstitucional entre los organismos bajo la égida del sector Interior. En términos de técnica jurídica, la norma busca optimizar la interoperatividad entre la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Sucamec, estableciendo una sinergia operativa que limita la discrecionalidad administrativa y maximiza el uso de los recursos presupuestarios asignados para el periodo 2026-2028.
Un aspecto sustancial de esta actualización es el cese de los efectos del anterior plan Perú Seguro 2024-2026. Al declararse su cierre formal, se produce una sucesión normativa que evita antinomias y asegura la continuidad de las intervenciones estatales. El viceministro Guillén subrayó que este proceso es fundamental para reforzar la capacidad operativa del sector, permitiendo que la respuesta frente a la delincuencia común y el crimen organizado se mantenga dentro de un marco de predictibilidad y sujeción al derecho.
Desde una perspectiva del derecho administrativo, la aprobación de este plan se constituye como un precedente de gestión para las dependencias del Ministerio del Interior, obligando a que toda acción operativa futura se encuentre estrictamente subsumida en los objetivos estratégicos allí plasmados.
