En un hito para el derecho administrativo sancionador y la gestión pública ambiental en el Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha consolidado su rol como autoridad competente tras la transferencia de funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con la incorporación de más de setecientas unidades fiscalizables, la entidad busca mitigar la alta incidencia de controversias en el sector, dado que, según reportes técnicos recientes el setenta y ocho por ciento de las denuncias ambientales en los subsectores de vivienda y construcción se concentran en la etapa de edificación. Esta transición competencial responde a la necesidad de unificar los criterios de supervisión y garantizar la observancia de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, reduciendo así la asimetría informativa y fortaleciendo la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias a nivel nacional.
La relevancia de esta reforma normativa radica en la tipificación de las conductas infractoras y la determinación de las obligaciones que ahora quedan bajo la vigilancia del OEFA, tales como la certificación ambiental, el manejo de residuos de la construcción y demolición, y el control de emisiones de polvo y ruidos. En términos de técnica jurídica, la transferencia de funciones implica que el OEFA no solo ejercerá la potestad supervisora, sino también la potestad sancionadora, la cual se rige por principios de razonabilidad y proporcionalidad en el cálculo de multas. Es fundamental comprender que la certificación ambiental es el título habilitante expedido por la autoridad competente que garantiza que un proyecto de inversión cumple con los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, mientras que la unidad fiscalizable constituye el espacio físico o actividad económica donde se desarrollan las operaciones sujetas a control.
Durante el taller formativo que congregó a diversos actores del sector, el gerente general de la entidad subrayó que el enfoque institucional priorizará la supervisión orientativa, una modalidad que permite a los administrados corregir posibles desviaciones antes de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. No obstante, se enfatizó que el incumplimiento persistente de la normativa ambiental, especialmente en actividades como el movimiento de tierras para habilitaciones urbanas y la gestión de aguas residuales, activará los mecanismos de coerción legal. La viceministra de Gestión Ambiental, destacó que esta claridad normativa busca generar confianza en el mercado, estableciendo que el cumplimiento preventivo es la vía más eficiente para evitar la litigiosidad y la imposición de medidas correctivas que puedan afectar el cronograma de ejecución de los proyectos.
Finalmente, la integración de criterios entre el OEFA y las más de mil ochocientas municipalidades con competencia para otorgar licencias de edificación y habilitaciones urbanas se perfila como un eje estratégico para el ordenamiento territorial. El OEFA ha señalado que la estandarización de estos criterios permitirá establecer una suerte de predictibilidad administrativa, similar a un precedente vinculante en su aplicación práctica, asegurando que las reglas de juego sean uniformes para todas las empresas y gremios, como los representados por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú y el Colegio de Arquitectos.
