El escenario electoral de 2026 presenta la postulación de Roberto Sánchez Palomino por el partido Juntos por el Perú (JP). Como actual legislador y exministro, su perfil combina experiencia en los dos poderes de mayor relevancia política del Estado. El presente artículo analiza su trayectoria declarada y la viabilidad jurídica de sus propuestas matrices frente al marco constitucional vigente.
Análisis de la Hoja de Vida y Experiencia en el Aparato Estatal
1. Perfil Académico y Trayectoria Profesional
De acuerdo con los registros oficiales y la declaración de hoja de vida (Voto Informado), el candidato presenta el siguiente sustento técnico-profesional:
Formación Académica: Posee el grado de Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asimismo, registra estudios de posgrado como egresado de la Maestría en Gestión de Proyectos Sociales en la misma casa de estudios. Su formación se alinea con el enfoque de gestión pública y desarrollo social que propone su plan de gobierno.
Experiencia Pública: Su trayectoria destaca por el ejercicio de cargos de elección popular y de confianza de alto nivel:
Poder Legislativo: Congresista de la República (periodo 2021-2026).
Poder Ejecutivo: Ministro de Comercio Exterior y Turismo (2021-2022).
Gestión Local: Gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral (2020) y diversas asesorías en gobiernos regionales.
Ejes Técnicos del Plan de Gobierno
El plan de gobierno de Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031 se estructura sobre pilares de reforma estatal y seguridad multidimensional:
Seguridad y Justicia: Creación de un «Sistema Nacional Integrado de Información Criminal» para el rastreo de extorsiones y delitos complejos.
Salud Pública: Implementación de Redes Integradas de Salud (RIS) a nivel nacional, con énfasis en salud mental comunitaria.
Educación y Capital Humano: Incremento de la cobertura de Beca 18 y presupuesto directo para infraestructura en universidades públicas, bajo la premisa del ingreso libre.
Fiscalización Ciudadana: Institucionalización del control social mediante veedurías ciudadanas con facultades de vigilancia en los tres niveles de gobierno.
Análisis Jurídico de Viabilidad y Conformidad Constitucional
Desde una perspectiva de técnica jurídica y constitucionalismo, las propuestas principales del candidato Sánchez presentan los siguientes puntos de análisis:
A. Sistema Nacional de Información Criminal:
Esta propuesta es viable bajo el marco del Artículo 44 de la Constitución, que establece como deber del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Sin embargo, su implementación debe observar estrictamente la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y los límites de la reserva de las comunicaciones. Para que el rastreo sea eficaz y constitucional, requiere de un marco de interoperabilidad entre el Ministerio Público y la Policía Nacional que no vulnere el principio de legalidad procesal.
B. Control Social y Veedurías Ciudadanas:
El establecimiento de veedurías ciudadanas en los tres niveles de gobierno se sustenta en el Artículo 31 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. No obstante, jurídicamente estas veedurías no pueden sustituir las facultades constitucionales de la Contraloría General de la República (Art. 82). Su viabilidad depende de que se configuren como órganos auxiliares de vigilancia sin capacidad sancionadora directa, para evitar conflictos de competencias con el Sistema Nacional de Control.
C. Ingreso Libre a Universidades y Economía Mixta:
Respecto al ingreso libre, la viabilidad colisiona con el principio de meritocracia y autonomía universitaria (Art. 18). Si bien el Estado garantiza el derecho a la educación, la implementación requiere una reforma presupuestaria que respete la sostenibilidad financiera (Art. 79 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas crear o aumentar gasto público).
En el ámbito económico, la propuesta de renegociar «contratos ley» debe analizarse bajo la óptica del Artículo 62 de la Constitución, que garantiza que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. Cualquier modificación unilateral podría generar contingencias ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado peruano.
D. Compatibilidad con Tratados Internacionales:
El enfoque de reforma de la Policía Nacional con énfasis en Derechos Humanos se alinea con el Control de Convencionalidad exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las propuestas en salud y educación refuerzan el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), contenidos en el Protocolo de San Salvador, del cual el Perú es parte.
En conclusión, sus propuestas de fortalecimiento de servicios públicos son compatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; sin embargo, las reformas estructurales en economía y educación requerirían de una amplia mayoría parlamentaria o reformas constitucionales específicas para superar las barreras del actual régimen económico de 1993.
