En un acto de profunda relevancia para el orden interno, la Superintendencia Nacional de Migraciones, bajo la gestión interina de Liseth Melchor Infantes, reafirmó su postura institucional durante la presentación oficial del Ministro del Interior, José Zapata Morante. Este encuentro, que congregó a la cúpula de la Policía Nacional del Perú y a los directores de diversos organismos públicos adscritos, marca el inicio de una fase operativa intensiva dentro del Sector Interior.
La participación de la autoridad migratoria no fue meramente protocolar, pues se vincula directamente con la implementación del Plan Nacional de Seguridad 2026–2028. Durante la sesión, se enfatizó que el control migratorio no es solo un procedimiento administrativo de tránsito, sino una potestad soberana del Estado orientada a la preservación del orden público y la prevención del delito transnacional.
Dentro de los puntos de agenda, se abordó la necesidad de aplicar con rigor las causales de expulsión y salida obligatoria, figuras jurídicas que constituyen el ejercicio de la ius imperium estatal frente a ciudadanos extranjeros que vulneren la normativa interna. Un aspecto técnico fundamental discutido fue la consolidación del Registro de Información Migratoria como una base de datos con carácter de fe pública, lo que permite que el intercambio de información con la Policía Nacional posea un valor probatorio inmediato en investigaciones fiscales.
Asimismo, las autoridades hicieron referencia a la obligatoriedad de la identificación biométrica exhaustiva para todo trámite de regularización. Este precedente, determina que la ausencia de datos biométricos validados genera la improcedencia liminar de cualquier solicitud, cerrando brechas que anteriormente podrían haber sido explotadas por organizaciones criminales.
La Superintendente Melchor Infantes subrayó que la institución se encuentra en un proceso de modernización tecnológica para garantizar que el control de fronteras sea infalible. Bajo esta premisa, se define la seguridad nacional como el bien jurídico supremo que justifica la adopción de medidas restrictivas proporcionales, asegurando que la migración sea un proceso ordenado, seguro y, sobre todo, transparente ante los ojos de la ciudadanía peruana.
