En una jornada marcada por la reestructuración de las políticas de orden interno, el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ha manifestado el compromiso ineludible del Estado para subvertir el actual escenario de criminalidad que afecta a la nación. Esta voluntad política se materializa tras la reciente promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana el 12 de enero de 2026, la cual fue previamente aprobada por el Legislativo el 20 de diciembre de 2025. Dicho marco normativo resulta fundamental, pues establece los mecanismos de interoperabilidad entre los diversos niveles de gobierno para enfrentar amenazas de naturaleza multidimensional.
La estrategia gubernamental se fundamenta en la convocatoria de una sesión de alto nivel programada para el próximo sábado, donde el Premier Arroyo se reunirá con el Presidente de la República, José María Balcázar, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Este encuentro técnico tiene como propósito central la optimización de los planes de contingencia frente a fenómenos delictivos complejos. En este contexto, se ha ratificado que la participación militar se encuadra dentro de la figura jurídica de la Asistencia Auxiliar a la Policía Nacional, garantizando que el despliegue de las tres armas se concentre en objetivos estratégicos como la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas, áreas donde la capacidad logística del ejército resulta determinante.
Paralelamente, el titular de la PCM ha destacado la importancia de la unidad de acción al sumar al Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en este diseño estratégico. Bajo esta doctrina, se establece que el derecho a la seguridad ciudadana es una prerrogativa de naturaleza prestacional, lo que obliga al Estado a no solo dictar normas, sino a garantizar resultados tangibles mediante el uso legítimo de la fuerza y la administración eficiente de recursos.
Dentro de las definiciones técnicas abordadas durante los anuncios, se enfatizó el concepto de seguridad ciudadana institucionalizada, entendiéndola como el conjunto articulado de acciones preventivas y represivas que gozan de reserva de ley y respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Asimismo, el Premier se refirió a la situación fronteriza con el vecino país del sur, indicando que la edificación de barreras físicas constituye un ejercicio de la Autonomía Soberana de los Estados, figura que permite a cada nación determinar sus medidas de protección territorial sin que ello implique una vulneración a los tratados de libre tránsito o una alteración de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Finalmente, el Ejecutivo busca desactivar las tensiones con los gremios de transporte mediante una oferta de protección efectiva que sustituya la paralización por la colaboración activa.
